Aprodel CLM
El borrador de real decreto ya está circulando por algunos despachos de la Administración. Y lo que viene a suponer es la creación de un gran centro destinado a formar y reclutar a los futuros funcionarios. Es decir, una especie de ENA a la española -la célebre escuela francesa donde se forma la élite de la política y la administración gala- que aglutinaría a cuatro organismos públicos que hoy tienen voz propia.
En concreto, el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se integrarían en un nuevo organismo autónomo cuyo nombre todavía está por decidir.
Lo que sí se conoce es que tendrá personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y “plena capacidad de obrar”, dice el borrador de real decreto, “dentro de su esfera de competencia”. Sería un movimiento en línea con lo que hizo el Gobierno cuando sacó adelante una Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que aglutina la supervisión de varios sectores regulados (energía, telecomunicaciones o competencia).
Es decir, se está hablando de un macro organismo capaz de dar un vuelco al sistema de formación y reclutamiento de funcionarios. Ahora bien, con muchas limitaciones en su nivel de integración, toda vez que los actuales institutos y centros que hoy funcionan seguirían especializados en sus respectivas materias: formación de letrados, expertos en materia tributaria o constitucionalistas. De hecho, el nuevo organismo estará regido por un Consejo Rector cuya presidencia recaerá de forma rotatoria durante un año en cada uno de los cuatro centros de formación e investigación.
Según un experto en la materia, este es uno de los punto débiles del proyecto, toda vez que la reforma no se enmarca en un cambio estructural del sistema de formación de los empleados públicos, como sucede en la ENA francesa, sino que su objetivo es esencialmente ahorrar dinero, pero sin un nuevo modelo de selección y aprendizaje de funcionarios. La ENA, hay que recordarlo, fue creada nada más acabar la Segunda Guerra Mundial por el general De Gaulle, y los enarcas son la élite de la política francesa.
Servicios compartidos
En el caso español, se trataría de aprovechar los servicios comunes a través de una gerencia compartida, aunque el real decreto huye de entrar en el fondo del sistema de formación. De hecho, el cargo de gerente (con categoría de subdirector general) deberá ser pactado entre los ministerios de Justicia, Presidencia y Hacienda y Administraciones Públicas. Igualmente, cada uno de los cuatro directores sería elegido por el ministerio correspondiente.
El nuevo organismo prevé que en cada centro de formación e investigación (los actuales centros e institutos) exista un Consejo Docente integrado por un Presidente y los vocales que en cada caso se establezcan. Es decir, se mantendría el esquema actual, pero con una cabeza única para dar apariencia de que se reduce el número de organismos, que es uno de los objetivos de la Cora, la Comisión creada en su día por el Gobierno para racionalizar la Administración Pública. El borrador de real decreto, en todo caso, deja bien claro que la reforma “no supondrá incremento de gasto público”. Pero tampoco lo acompaña una memoria económica capaz de cuantificar el ahorro.
En la actualidad, el Centro de Estudios Jurídicos -dedicado a la formación de altos funcionarios de la Administración de Justicia- cuenta con un presupuesto de 8,8 millones de euros; mientras que el Instituto de Estudios Fiscales (dependiente de Hacienda) cuenta con un presupuesto de 15,1 millones de euros, de los que más de la mitad se dedican a formar a empleados públicos de Economía y Hacienda.
Por su parte, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales está dotado con 4,6 millones de euros y su misión es analizar la realidad jurídica y sociopolítica a través de publicaciones y debates de opinión. Por último, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas tiene como misión fundamental la formación y selección de los funcionarios de la administración general. Cuenta, con diferencia, con el mayor presupuesto de todos ellos: 66,1 millones, y es donde ha levantado más ampollas la idea de Hacienda y Administraciones Públicas de unificar en un solo organismo lo que ahora hacen cuatro. En total, con un presupuesto de 94,6 millones.
La supresión del INAP ha encontrado, por el momento, un fuerte rechazo entre un importante sector de funcionarios y asociaciones de empleados públicos. Hasta el punto de que la asociación de antiguos alumnos del INAP recordaba hace unos días la oposición frontal de la Asamblea General del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), además de otros colectivos de la Administración Pública Gestora estatal.
Fuente: elconfidencial.com
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