Aprodel CLM
El desarrollo sostenible constituye un objetivo compartido de la sociedad, para cuya consecución es necesaria la participación de administraciones públicas, empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como de la población desde el rol de cada uno de nosotros como ciudadano. Tanto en las actividades del día a día, como aquellas de más largo plazo, se precisa de una combinación de desempeño propio y de colaboración, de búsqueda de sinergias y planteamiento de iniciativas en conjunto. La importancia de este enfoque queda de manifiesto en la actual hoja de ruta internacional para el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 *, aprobada en el seno de Naciones Unidas con la participación del sector privado y de la ciudadanía y para cuya implementación está siendo necesario aunar esfuerzos.
La contribución presente y posible de las administraciones publicas para el desarrollo sostenible funge como un poliedro, con diferentes roles no excluyentes. Entendiendo la responsabilidad social como la gestión por parte de las organizaciones de las impactos asociados a su actividad, y la sostenibilidad como el objetivo de continuidad buscado en base a las relaciones con los diferentes grupos de interés, que da paso al desarrollo sostenible cuando se aborda de manera colectiva, las administraciones se encuentra ante este recorrido planteado.
Al respecto, las administraciones tienen ante sí su rol de 1) legislación y diligencia respecto del cumplimiento; éste se complementan con 2) el abordaje de sus impactos a través de actuaciones que vayan más allá de la ley como parte de su responsabilidad social como organizaciones (ej. actuaciones en recursos humanos) y 3) la promoción de la sostenibilidad en y a través de terceros. Esta última aproximación está constituida por los programas desarrollados junto con organizaciones de la sociedad civil para atender temáticas sociales y ambientales, la cooperación al desarrollo y el impulso de las iniciativas internacionales y colectivas de referencia, como la señalada Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que ésta plantea.
Profundizando en la atención de la propia responsabilidad social de las administraciones, esta se compone de políticas, estrategias, compromisos y acciones, bajo una cultura de transparencia y buen gobierno, con rendición de cuentas (adaptado de C. Cueto)*. Nos encontramos ante la importancia de la identificación e involucramiento de sus grupos de interés, el planteamiento e implementación de las iniciativas con modelos inclusivos de toma de decisiones, y la comunicación del desempeño. Las iniciativas son heterogéneas, pero podrían agruparse en las siguientes tres líneas de actuación: transparencia y buen gobierno, compras sostenibles y contratación responsable, y gestión responsable de los recursos humanos y financieros (incluyendo la inversión y financiación pública) (basado en C. Cueto1).
De la promoción de la sostenibilidad en y a través de terceros, si bien la vías son múltiples, destacaría dos caminos en particular: el fomento de la responsabilidad social en las empresas, que ha centrado parte de la actividad, y en este momento el impulso de la Agenda 2030 y los ODS, con un creciente protagonismo.
La promoción de la RS en las empresas, desde las administraciones públicas, se ha produce en los diferentes alcances territoriales. A nivel nacional, España cuenta con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), organismo asesor adscrito al Ministerio de Empleo, del que cabe destacar desafortunadamente su escasa actividad. En el marco de sus responsabilidades, se aprobó la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas (2014-2020) , que busca establecer una línea base ante el surgimiento previo de textos en diferentes comunidades autónomas y apoyar la adopción de la práctica, destacando su importancia para la competitividad. Esto está presente también en las iniciativas regionales, como es el caso del Plan de RS de Aragón (RSA), que lo reconoce como ventaja en la contratación pública. A nivel autonómico se ha desarrollado también el algunos casos la figura de Observatorio, para hacer especial énfasis en la divulgación del concepto y la promoción de su aplicación, como es el caso de Extremadura y Galicia.
Respecto del impulso a la Agenda 2030, después de una primera etapa focalizada en la divulgación, se hace cada vez más necesario pasar a la acción. España ha adquirido el compromiso de presentar su Informe Nacional Voluntario en julio de 2018, con las estadísticas país en relación a los ODS, como ya han hecho 65 naciones. Sin embargo, hasta la fecha el principal análisis disponible se enmarca en el SDG Index que elabora la Sustainable Development Solutions Network (SDSN) de la ONU y la Fundación Bertelsmann. Existe cierto retraso en el trabajo respecto de la Agenda 2030 a nivel nacional, habiéndose hecho mayor énfasis en el alineamiento de la cooperación internacional española con la Agenda 2030, como parte de un ejercicio más rodado que viene del trabajo respecto de predecesores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en países en desarrollo. La vinculación entre cooperación y desarrollo sostenible está también presente en aproximaciones autonómicas, caso de la Comunidad Valenciana, que ya se encuentra implementando una estrategia al efecto, apostando también por el involucramiento de las administraciones locales. Otras comunidades están trabajando en el desarrollo de marcos al respecto, como Andalucía.
Ante este escenario, es importante el anuncio este mes desde el Gobierno de la creación de un mecanismo supraministerial para la Agenda 2030, adscrito a la Comisión Económica Delegada de Presidencia. Además de la preparación del citado informe nacional, se anuncia la elaboración de una estrategia nacional sobre desarrollo sostenible, de la que estamos expectantes.
Las administraciones públicas fungen por tanto como ese poliedro de aproximaciones diversas, de roles complementarios. La acción en cada uno de sus caras es necesaria, de la mano de aquellos agentes que precisen, como empresas y organizaciones de la sociedad civil. La permeabilidad que tienen asimismo en diferentes niveles territoriales es clave para la vertebración de iniciativas de amplio alcance. Pero todo empieza por la conciencia sobre esa variedad de papeles y la transformación de la voluntad en acciones que vayan sumando ante el desafío colectivo en que nos encontramos.
2 Cueto, C. (2017) La Administración Pública de la Responsabilidad Social Corporativa.
Fuente: diarioresponsable.com/Pablo del Arco Fernández
Posted in: Actualidad,Responsabilidad Social Corporativa
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