viernes, 22 de septiembre de 2023

La movilidad sostenible traerá más empleo y más inversión a la ciudad

 


La movilidad sostenible se ha convertido en una palanca fundamental en la descarbonización de las ciudades. Todos los sectores están ya trabajando en la construcción de las ciudades del futuro que mejorarán significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo aseguraron los expertos en movilidad durante la jornada empresarial 'El desafío de la movilidad', organizada por elEconomista.es en colaboración con Acciona.

 "La movilidad ha pasado de ser un hecho estadístico a ser un derecho. Los ciudadanos reclaman ya modelos de movilidad sostenible y eficientes, y los actores implicados en el sector -públicos y privados- tenemos tanto la obligación como la oportunidad de ofrecer este tipo de servicios de movilidad", apuntó durante la mesa de debate el gerente de Desarollo de Negocio B2B de Movilidad y Silence de Acciona, Juan José Conde. "La movilidad sostenible traerá más empleo, más inversiones y mejor calidad de vida para los ciudadanos", añadió.

 

Según los expertos, la intermodalidad junto con el diseño optimizado de los vehículos, la tecnología aplicada a la digitalización, el contexto y las infraestructuras también van a jugar un papel trascendental en esa transformación.

"La logística va a tener un protagonismo que no ha tenido hasta ahora. (La ciudad del futuro) va a ser una ciudad pensada para el ciudadano, pero el problema es que hoy en día el ciudadano no es consciente de ello. Y esto es un reto al que nos vamos a enfrentar para sensibilizar al ciudadano de cómo todo lo que se está haciendo es para mejorar su calidad de vida", comentó la directora de Desarrollo en Empresas por la Movilidad Sostenible, May López.

 

Aseguró, además, que hasta el 92% de los ciudadanos no respira aire de buena calidad a día de hoy y unos 400.000 europeos mueren de forma prematura cada año por una mala calidad del aire, sobre todo en las grandes ciudades.

 

"Las ciudades del futuro tienen que ser sostenibles tanto desde el ámbito medioambiental como desde el ámbito social y el económico", aseguró María Romera, directora de Regulación de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).

 

La Ley de Movilidad

La transformación de la movilidad es un tema que ha generado un elevado consenso no sólo entre las distintas asociaciones y empresas que constituyen el sector del transporte, sino también entre los diferentes partidos políticos. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, ninguno de los expertos temen por la aprobación de la nueva Ley de Movilidad. Desde Empresas por la Movilidad Sostenible piden no politizar el tema. "Centrémonos en el usuario y en que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los que viven en la ciudad. Y centrémonos en la clave de la colaboración publico-privada", señaló López.

 

La aprobación final de la nueva Ley de Movilidad, en tramitación en parlamentaria, se esperaba para finales de este año.  Esta ley que, según los expertos, no va a hacer más que garantizar un marco legal para seguir trabajando con lo que ya se había puesto en marcha en el sector.

 

"Esta ley es una necesidad, no tiene vuelta atrás", comentó el subdirector de Coordinación y Estrategia Comercial de Adif, Alberto Calvo. "En realidad todas esas políticas ya las estamos trabajando y la ley lo único que va a hacer es dar una continuidad", apuntó.

 

"Esta ley no solo es necesaria, sino que debería implantarse siguiendo el calendario que inicialmente teníamos previsto porque ya hay fondos que están pendientes de esa aplicación y esta ley marca un cambio importante y cualitativo", añadió Conde.

 

Los distintos sectores llevaban un tiempo demandando una ley que garantizara seguridad jurídica para todos los actores que tienen un papel en el ámbito de la movilidad. La nueva ley da la posibilidad, entre otras muchas medidas, de permitir que las ciudades implanten una tasa para entrar con vehículos en las grandes ciudades, algo que ya se ha visto en otras urbes europeas.

 

"Una ley de movilidad de ámbito nacional como esta nos permite tomar decisiones estratégicas, puesto que para el sector de la movilidad la existencia de una regulación estable y clara es vital. Entender cómo se tienen que hacer las cosas nos permite jugar a los agentes que estamos implicados en la movilidad de forma nacional, internacional y homogénea", aseguró Conde durante el encuentro.

 

La nueva ley constituye un paso más a la hora de cumplir con los objetivos tanto nacionales como internacionales de descarbonización y sostenibilidad en las grandes ciudades.

 

"El objetivo que tenemos a 2030 son cinco millones de vehículos eléctricos y 240.000 puntos de recarga. Cuando se aprobó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2030 (PNIEC) no sabíamos nada de lo que iba a acontecer con la pandemia, la crisis económica y la guerra en Ucrania. Todo esto ha provocado que el objetivo de cinco millones, que ya era muy ambicioso, se haya visto ralentizado porque las decisiones de inversión son más complicadas", apuntó Romera.

 

La aprobación de la ley marcará un antes y un después para la movilidad sostenible y, según aseguraron los expertos durante el debate, ya no hay vuelta atrás para el sector. "Creemos que la electrificación del transporte no tiene retorno. Vamos hacia un transporte electrificado, conectado y digitalizado y todos los agentes caminamos hacia esa electrificación tan necesaria para la descarbonización, para el bienestar de la sociedad y la calidad de vida", añadió Romera.  

 

Infraestructuras necesarias

Según el anuario publicado por Aedive, sólo durante el último año se ha implantado lo que equivale al 50% de toda la infraestructura de recarga de acceso público que hay hoy en día en España. Según los expertos, la accesibilidad a estas infraestructuras es imprescindible para conseguir que el ciudadano las use en un futuro.

 

"España es probablemente uno de los países con el coste de recarga pública más elevado a nivel europeo y es importante que exijamos que esa infraestructura pública, cuanto menos, cumpla con las normativas europeas que nos garantizan esa interoperabilidad que es poner al usuario en el centro, que nos garantice que yo como usuario puedo acceder a una infraestructura sabiendo el precio que voy a pagar y que me permita compararlo con el resto de infraestructuras que tengo alrededor", apuntó López.

 

Fuente y artículo completo: Christina Thykjaer - eleconomista.es


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