Aprodel CLM
Por Santiago González Vallejo | Los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron aprobados por todos los países de las Naciones Unidas en el año 2015.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan erradicar la pobreza, el hambre, el trabajo infantil, lograr plena igualdad de género, trabajo decente, la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes… Diecisiete objetivos que transformarían el mundo desde esa fecha hasta lograr en el año 2030, 169 metas mensurables y cuantificables. Aún con contradicciones internas, su cumplimiento sería una revolución copernicana y hay que trabajar por ello. Pero hay aspectos, por omisión, que impedirán que se consiga si no los resolvemos.
Concretando uno de los aspectos:la financiación
En su día, la financiación de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), volcados en la erradicación de la pobreza extrema en los países más pobres, fue planteada después de la aprobación de los mismos en la Conferencia de Monterrey de 2002. Allí, el planteamiento fue un clásico de las relaciones Norte-Sur y tenía como elementos centrales el crecimiento económico y la propuesta (incumplida) de dedicar el 0,7 % del Producto Nacional Bruto de los países desarrollados como ayuda al desarrollo. De hecho, a la fecha de hoy, sólo seis países Dinamarca, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido cumplen ese compromiso. Añadía otros elementos financieros novedosos como las tasas aéreas (Francia), y la tradicional literatura sobre el desarrollo: transferencias tecnológicas, comercio, crecimiento, reducir la fuga de capitales, estimular al sector privado y, por supuesto, movilizar recursos internos y mejora de la distribución.
En Addis Abeba se reiteró de nuevo la necesidad de que los países ricos cumplieran con la donación del 0,7 de la Renta Nacional más del resto de las recomendaciones antes señaladas. Se puso más énfasis en las asociaciones público-privadas para alcanzar los ODS.
Pero, lo más relevante, es que en esa conferencia realizada tras la crisis financiera ya hay un párrafo 23 explícito contra la elusión y evasión fiscal de las transnacionales y personas millonarias y una referencias a la erradicación de los paraísos fiscales (25).
Un paso adelante y otro atrás
No fue casual. Al comienzo de la crisis del año 2008, el G20 alentó formalmente a que la OCDE se preocupara por los paraísos fiscales y la elusión fiscal como sus prioridades, pero los gobiernos de los países donde están las sedes de las multinacionales y la residencia de sus accionistas dan un paso atrás cuando se pretende estrechar el margen de maniobra de esas soberanías fiscales y de los beneficiarios de la elusión y fraude fiscal. Porque si bien ha habido algunos avances normativos para homogeneizar bases imponibles de las empresas o estamos al alba de las declaraciones fiscales país a país de las multinacionales, también ha habido actos fallidos como la revisión de los criterios de fijación de un paraíso fiscal, de forma tan torpe, que la OCDE admite que la simple firma de “colaboración” entre soberanías opacas, un Gibraltar y Liechtenstein por ejemplo, exime de que las consideren paraíso fiscal.
Los tratados bilaterales para evitar la doble imposición no resuelven nada, ante jurisdicciones y prácticas opacas. Al contrario son parte del ninguneo fiscal de las multinacionales con su planificación fiscal agresiva que incluyen los pagos de royalties o la gran capacidad para posibilitar el fraude en las empresas digitales. Es decir, el problema no se afronta de forma coherente.
Se rechazó en Addis Abeba (y siguientes conferencias sobre el tema) la institucionalización en el seno de las Naciones Unidas de un Órgano de colaboración ejecutiva sobre impuestos, fondos buitres, etc.
Las multinacionales y sus cadenas de valor mueven el 60% del comercio mundial. El 80 % de los beneficios revierte en apenas el 10% de las empresas que cotizan en bolsa, según la documentación de la Confederación Sindical Internacional. Los informes sobre desigualdad publicados por Oxfam Intermón y la concentración de riqueza en el 10% o en el 1% de la población mundial son significativos del poder de estas empresas y personas frente al resto de la humanidad.
Los mismos gobiernos que promueven el libre comercio, la libertad de inversiones y el libérrimo movimiento de capitales y ahorro ponen trabas a elaborar un tratado vinculante sobre empresas multinacionales y derechos humanos y, por supuesto, a organizar una lucha coordinada contra los paraísos fiscales.
No olvidemos que muchas de esas jurisdicciones fiscales forman parte de la soberanía de los estados más poderosos: Delaware en Estados Unidos, las incontables islas que dependen del Reino Unido o insertadas directamente en su sistema fiscal, como fórmula para atraer beneficios a sus administraciones a costa de otras, como Holanda, Luxemburgo… El caso de la empresa Apple, trasladable a otras muchas más empresas de muchos países, con cientos de miles de millones no declarados en los diferentes países donde se han vendido sus productos (con escaso pago a los proveedores de los mismos) es relevante. Que la administración Trump recorte los impuestos en Estados Unidos es una decisión nacional, dentro de la competencia fiscal y la política de reducción del gasto social público de esa administración, pero las medidas de ‘repatriación’ de beneficios (no declarados en otras administraciones nacionales) supone expresar cínicamente que no se va a cooperar en la lucha contra los paraísos fiscales.
Hay que desenmascarar la contradicción de los gobiernos que firman los ODS, dejan que cada país los financie movilizando recursos nacionales, pero les atan las manos a la espalda al impedir la coordinación fiscal internacional.
La existencia de paraísos fiscales y la libertad de movimientos de capitales alimentan una competitividad fiscal que conduce a volcar en los impuestos indirectos el peso de los ingresos públicos. Los ingresos y gastos tienen que estar acompasados, y hay tensiones para que crezcan menos que el crecimiento económico; también, que los presupuestos de gastos se trasladen de gastos sociales y universalización de prestaciones a un rediseño donde sean las empresas las que marquen su ‘eficacia’ y destino.
Por tanto, los estados se encuentran con la dificultad de no controlar el reparto del beneficio de la cadena de valor y, además, los paraísos o guaridas fiscales que fomentan la corrupción y otros delitos, más la elusión fiscal de toda la cadena de valor, impidiendo una mayor generación de recursos nacionales o internacionales, porque el beneficio irá a los accionistas y corruptos, sin distribuirse parcialmente al conjunto de la población e impidiendo la financiación de los Objetivos para un mundo más justo.
Hora es pues, de exigir coherencia a nuestros gobiernos, menos vasallaje fiscal y que penalicen a las guaridas fiscales.Fuente: nuevatribuna.es
Posted in: Actualidad,Desarrollo sostenible
0 comentarios:
Publicar un comentario