Se trata de una ley «pionera» y «muy consensuada», pues más de 2.000 las personas han participado en el cuestionario para realizar la Estrategia frente a la Despoblación.
Con una densidad de población que no llega a los 30
habitantes por kilómetro cuadrado, Castilla-La
Mancha es una de las regiones que sirven como ejemplo de eso que se viene
últimamente llamando la España vaciada. De hecho, más de la mitad de sus municipios
tienen menos de 500 vecinos y tan solo nueve de ellos superan los 30.000
habitantes.
Unos datos que preocupan mucho y, muestra de ello, es la
tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto
de Ley de Medidas Económicas Sociales y Tributarias contra la Despoblación y
para el Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha. Una decisión que ha sido aprobada en el Consejo de Gobierno
de esta semana, con la que pretenden que esta importante ley pase a
continuación a las Cortes
regionales para su aprobación definitiva en abril.
Así
lo ha adelantado en su rueda de prensa semanal la portavoz del Gobierno
autonómico, Blanca
Fernández, que ha subrayado que se trata de una ley «pionera» y
«muy consensuada», pues han sido más de 2.000 las personas que han participado
en el cuestionario para realizar la Estrategia frente a la Despoblación.
La portavoz regional ha afirmado que esta ley es una «apuesta
definitiva» por las zonas rurales, que continúa el esfuerzo inversor que viene
haciendo el Ejecutivo regional para consolidar servicios que fueron recortados,
para garantizar la igualdad de oportunidades, y que hace frente al reto
demográfico.
La ley se estructura en siete
títulos y 75 artículos en
los que se recoge, entre otras cuestiones, la creación de Estrategia Regional
frente a la Despoblación y la Estrategia Regional de Desarrollo Rural, dos
herramientas de planificación para abordar el desarrollo de los diferentes
tipos de zonas rurales (Título II); el uso de la contratación pública para
hacer frente a la despoblación y la garantía de servicios públicos básicos
(Título III); la diversificación económica, el fomento del empleo, el apoyo al
sector agrícola, ganadero y forestal, el fomento de las energías renovables o
la garantía de la conectividad en el ámbito de cohesión territorial y en el de
la cohesión social medidas de apoyo a la conciliación y las familias que se
plasman en el Titulo IV; o los beneficios fiscales para quienes residan en las
zonas más afectadas por la despoblación del Título VI.
De su proceso de elaboración y del texto resultante,
Blanca Fernández ha destacado su carácter participativo, novedoso, transversal
y que garantiza la igualdad de oportunidades. Sobre la primera cuestión, ha
recordado que la ley ha pasado por dos procesos de participación ciudadana,
diez consejos asesores y ha incorporado las sugerencias del Consejo Consultivo,
que ha aprobado por unanimidad la futura norma.
En cuanto a sus aspectos más novedosos, ha citado la
transversalidad, ya que afecta a prácticamente todas las competencias de la
región y su carácter pionero, puesto que además de ser la primera de estas
características en España, incorpora la fiscalidad para luchar contra la
despoblación y conceptos como el impacto demográfico o la estancia efectiva,
que conlleva el empadronamiento, tarjeta sanitaria y escolarización de hijos si
los hubiera.
«En resumen, se trata de una ley para garantizar el
desarrollo integral del medio rural, que presta especial atención al reto
demográfico y la lucha frente a la despoblación, que garantiza el acceso a los
servicios públicos y la igualdad de oportunidades en el medio rural para la
cohesión social y territorial de nuestra región, y todo ello en el marco de una
cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Algo esencial para una región como
la nuestra en la que más
del 90 por ciento de su geografía es rural», ha manifestado la
portavoz.
Para finalizar, Blanca Fernández ha avanzado que se
ha cerrado el proceso de participación por el que se ha preguntado a la
ciudadanía sobre once cuestiones a desarrollar para elaborar la Estrategia
Regional frente a la Despoblación relacionadas con las razones para vivir en el
medio rural, el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales, la
atención a la infancia o la oferta de cultura y ocio, entre otras. En total, 2.078 personas han respondido al cuestionario.
Fuente: Mariano Cebrián - abc.es/espana/castilla-la-mancha
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