El Tribunal Supremo ha anunciado este jueves que va a preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) cómo se debe aplicar su sentencia reciente en la que instaba a España a hacer fijos a todos los trabajadores con contrato indefinido no fijo, entre los que se incluyen los cientos de miles de interinos que hay en el país.
"El TS planteará cuestión prejudicial al TJUE sobre el modo de
aplicar la fijeza en el empleo público. La Sala Cuarta del Supremo anuncia que
va a iniciar los trámites para despejar algunas dudas suscitadas tras la
importante sentencia del pasado 22 de febrero", ha anunciado el Tribunal
en un comunicado después de que se reuniera el Pleno de la Sala Cuarta en
sesión no jurisdiccional para analizar la mencionada sentencia y ver cómo la
aplican a los "múltiples recursos pendientes de resolución".
En esa sentencia, de la que se hizo eco EL MUNDO, el TJUE señalaba que la indemnización que existe en España (de 20 días por año trabajado) para los interinos que pierden su plaza por no aprobar el proceso de oposición no es suficiente para evitar el uso abusivo de este tipo de contrato y que, en ausencia de medidas adicionales que pudiera aprobar el legislador, una solución para cumplir con la normativa europea sería "la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos".
Fue una sentencia que causó mucho revuelo, dada la cantidad de personal
interino en la Administración y por el impacto que podría tener en las arcas
públicas y en los propios procesos de oposición previstos, ya que si se
consolidan los interinos en las plazas que ocupan no sería necesario convocar
tantas plazas como está planeado para los próximos años.
Según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, hay en España 853.702 clasificados como 'otro personal' donde se incluye a personal eventual (por ejemplo, asesores), personal funcionario interino, personal funcionario de plazas no escalafonadas, y personal funcionario o laboral en formación o prácticas.
Pese al impacto, el Gobierno no ha dado ningún paso y el Tribunal
Supremo sigue teniendo dudas, de ahí que recurra de nuevo al TJUE para aclarar
cuál es la forma adecuada de proceder.
"Con el deseo de llevar a cabo su correcta interpretación, y ante la existencia de importantes dudas acerca de su alcance en determinados aspectos, la Sala ha acordado iniciar las actuaciones a fin de formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En especial, para resolver las dudas acerca del modo en que compatibilizar la doctrina acuñada por la citada sentencia con las normas relativas al acceso al empleo público (incluyendo a los nacionales de los Estados miembros), así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad", ha explicado el Supremo.
Una vez presentada esta cuestión, habrá que esperar a que la Justicia
europea responda para saber en qué sentido debe fallar el Supremo los recursos
pendientes y para que el Gobierno tome la iniciativa legislativa para modificar
la normativa si fuera necesario.
Fuente: elmundo.es/economia
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