Aprodel CLM
Cinco años después de su entrada en vigor, la Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla-La Mancha deja una cifra que la Junta reivindica como símbolo de cambio en el medio rural: las zonas afectadas por la pérdida de habitantes han sumado 4.732 vecinos desde 2021. Un balance que el Gobierno regional pone sobre la mesa coincidiendo con el aniversario de una norma pionera en España y que llega mientras Castilla-La Mancha prepara ya nuevas herramientas para reforzar la lucha contra la despoblación.
Ha
sido el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien el pasado
junio ha hecho balance de estos cinco años y ha defendido que ese incremento de
población responde a la batería de medidas impulsadas desde la aprobación de la
ley, con el objetivo de garantizar servicios públicos, apoyar proyectos
empresariales y facilitar medidas fiscales para quienes viven en el medio
rural.
Una
evolución que se traduce también en servicios, ya que en este tiempo se han
abierto una veintena de centros de salud y consultorios médicos en zonas
despobladas, además de 88 botiquines y más de un centenar de escuelas
infantiles.
A
ello se suma el Transporte Sensible a la Demanda, uno de los recursos puestos
en marcha dentro de esta estrategia y que ya presta servicio en 337 núcleos de
población de la región, alcanzando a más de 54.600 habitantes y superando ya
los 160.000 viajeros.
La
intención de la ley, subraya el Gobierno regional, ha sido convertir los
pueblos en lugares más atractivos para vivir y fijar población. En esa línea,
la Junta recuerda que más de 98.000 contribuyentes se beneficiaron en la última
campaña de la renta de deducciones fiscales ligadas a residir en municipios
afectados por la despoblación.
La
estrategia también ha buscado impulsar la actividad económica en el medio rural
y para ello, quienes deciden instalar en estas zonas sus empresas, Castilla-La
Mancha mantiene un 40 por ciento adicional en distintas líneas de ayudas, una
medida que ha alcanzado ya a 5.594 beneficiarios.
El
peso de estas políticas también tiene reflejo en las cuentas públicas. Desde
2022, todos los presupuestos regionales incorporan una Memoria de Impacto
Demográfico y, en el ejercicio de 2026, la Junta destina 2.116 millones de
euros a actuaciones vinculadas a la lucha contra la despoblación, lo que
equivale a 5,8 millones diarios y representa el 3,4 por ciento del PIB
regional.
Estatuto del Pequeño Municipio
Con
la ley ya consolidada, el Ejecutivo autonómico trabaja además en la redacción
del futuro Estatuto del Pequeño Municipio, una herramienta que busca establecer
un marco jurídico específico para el medio rural, simplificar trámites
administrativos y reforzar nuevas medidas de apoyo a los pueblos más pequeños.
En
paralelo, Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un programa pionero de
rehabilitación de vivienda municipal en siete localidades de la comunidad. Son
once inmuebles destinados al alquiler asequible que, a día de hoy, están ya
todos ocupados.
A
ello se suma el programa PREE 5000, centrado en la rehabilitación energética en
municipios de menos de 5.000 habitantes, una línea en la que Castilla-La Mancha
lidera la gestión a nivel nacional con 60 millones de euros movilizados, 1.009
viviendas alcanzadas y 3.450 personas beneficiadas.
Con
estos datos sobre la mesa, la Junta reivindica el recorrido de una ley que
nació para frenar el vaciamiento del medio rural y que cinco años después
presume de ganar habitantes en las zonas más castigadas por la despoblación,
aunque con nuevos retos aún abiertos para garantizar el futuro de los pueblos
de Castilla-La Mancha.
Fuente: S. Jiménez - periodicoclm.publico.es
Fotografía: Blog Mi Pueblo Almadén
Posted in: Desarrollo Local,Desarrollo sostenible,Medio Rural
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