Aprodel CLM
España se juega mucho en la transición ecológica que ahora debe abrirse, porque es un país muy expuesto al calentamiento. La salida de la crisis originada por la pandemia tiene que ser sostenible y el Gobierno dispone ahora de la posibilidad de impulsar la descarbonización con los multimillonarios fondos europeos que llegarán. Hacerlo puede ayudar a salir antes y mejor de la recesión. A favor tenemos la abundancia de recursos naturales y a una población concienciada.
España debería ser uno de los países europeos más interesados
en que la transición verde salga bien. Está en la
zona roja de los impactos del calentamiento y, si fracasa la transición climática —que
implica acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero—, será de los que más sufran las consecuencias negativas.
Por ejemplo, si no se hace nada y las emisiones mundiales siguen como hasta
ahora, los daños económicos por las inundaciones costeras se multiplicarán por
100 a finales de siglo en España: pasarán de los 100 millones de euros anuales
de ahora a casi 10.000 millones en 2100, según las últimas estimaciones del Joint Research Centre, el equipo científico que asesora a la Comisión Europea.
Pero no hace falta viajar hasta
dentro de 80 años. Los daños generados por fenómenos extremos, como sequías,
olas de calor o gotas frías, son una realidad y estos episodios son cada vez
más frecuentes y virulentos. “España es sumamente vulnerable y el calentamiento
solo va a ir a peor”, advierte Fernando Valladares, profesor de
investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Y los
responsables políticos dentro y fuera de España tienen sobre sus mesas desde
hace años los informes que alertan de las consecuencias de no actuar. “Poner
fin a la destrucción de nuestro medio ambiente debe seguir siendo una prioridad
absoluta”, señala Wolfgang Cramer, director científico del Instituto
Mediterráneo de Biodiversidad y Ecología, ubicado en Marsella (Francia). “El
único aspecto realmente nuevo ahora es que los programas de recuperación
económica representan una oportunidad inesperada para cambiar aspectos
importantes de las infraestructuras y el sector industrial de España, centrando
las inversiones en elementos verdes”, añade Cramer.
A finales de 2019, cuando Madrid acogió la Cumbre del Clima de la ONU,
la lucha contra el calentamiento ganó un peso mayúsculo en la agenda pública.
El Gobierno, alineado con la Comisión Europea, impulsó varios planes para
trazar una ruta de descarbonización. Pero llegó el coronavirus. “Al principio,
hubo dudas sobre si la pandemia podía ser un retraso en la lucha contra el
cambio climático, pero los grandes emisores se están moviendo”, destaca Antoni Ballabriga, director global de
Negocios Responsables de BBVA. Ballabriga se refiere, por ejemplo, al reciente compromiso de China ante la ONU de
aumentar los recortes de emisiones y a la promesa de alcanzar la neutralidad de
carbono en 2060, una fortísima señal para los inversores.
En EE UU, el demócrata Joe Biden,
favorito en las encuestas, se ha comprometido también a que su país logrará las
emisiones cero en 2050. Y la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un aumento de sus objetivos de recorte de emisiones
para 2030 y ha fijado la neutralidad climática para
mediados de siglo. Además, Europa ha situado la transición verde como uno de
los pilares del plan de recuperación, que cuenta con un presupuesto de 750.000 millones de
euros. A España le corresponden 140.000 millones —72.700 en
ayudas directas— y las próximas semanas serán determinantes para el reparto de
los fondos. Varios ministerios trabajan en una primera propuesta de plan para
las inversiones. El primer documento se enviará a Bruselas en las próximas
semanas, explica la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. “Nos gustaría que el plan fuera un pilar
acelerador de la transición verde en España”, añade la vicepresidenta.
1. La pandemia puede
ser un freno
“Lo que mejor nos sacará de esta crisis será lo verde, porque supone una oportunidad de negocio e industrial”, señala Carlos Sallé, director de Cambio Climático y Políticas Energéticas de Iberdrola. Este directivo cree que una de las principales fortalezas del país son los recursos naturales con los que cuenta para las energías renovables. “También tenemos un sector empresarial proactivo que, al menos en parte, ha tomado conciencia ahora, y con una sociedad que cree que el cambio climático es un problema serio”, añade Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y miembro del IPCC, el grupo de científicos que asesora a la ONU en cambio climático.
Entre las fortalezas Sallé
incluye además el desarrollo normativo realizado hasta ahora desde Europa y
España: “Tenemos una hoja de ruta, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima”.
Ese plan, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, era una
obligación impuesta por Bruselas y fijaba una senda de descarbonización para la
economía española durante esta década. La previsión es que se movilicen 240.000
millones —el 20%, fondos públicos, y el resto, privados— de aquí a 2030 para
recortar las emisiones del país en un 23%. Y se contempla que se puedan crear
350.000 empleos. “Ahora pedimos que se adelanten a 2025 todas las inversiones
previstas hasta 2030”, explica Sallé.
Pero a nadie se le escapa que la dureza con la que ha
impactado la pandemia en el país puede ser un freno a la transición ecológica.
“La crisis ha golpeado mucho a España por las características de nuestra
economía, y el margen de maniobra es limitado porque se venía de otra crisis
muy fuerte”, apunta el economista Labandeira. “Puede existir la tentación de
intentar reconstruir lo que se pueda como buenamente se pueda”, advierte.
Sallé, por su parte, destaca que la búsqueda de soluciones rápidas puede ser un
riesgo porque se podrían destinar fondos a inversiones que no sean las más
eficientes y que resulten lesivas.
“En esta transición
habrá ganadores y perdedores”, explica Ballabriga, del BBVA. Un informe del Banco de España apuntaba
a que el 24% de las inversiones de las entidades financieras en 2018 estaban en
sectores que se verán afectados por la transición energética. España, advierte
Labandeira, es un país con problemas de desigualdad y de pobreza muy
importantes; y los sectores que deben desaparecer están asociados a empleos y,
en ocasiones, a personas con bajos recursos.
2. Pocos ingresos por
impuestos verdes
Valladares, el investigador del
CSIC, añade un apartado más a la lista de debilidades: la gobernanza española
es muy precaria para abordar temas globales. “Un ejemplo es la ley de cambio climático, que lleva
escrita un par de años y no termina de salir adelante”, argumenta. “Y Los
fondos europeos que van a llegar se deben tramitar en días o semanas, no en
años, que es la tradición española”.
La existencia de marcos estables
para las inversiones es una reivindicación constante del sector energético y de
la economía verde. Y para eso se necesita un consenso político. “Por suerte, en
España no hay climaescépticos, o están muy acotados en determinadas ideologías,
pero se debe llegar a acuerdos de futuro y no caer en el cortoplacismo”, opina
Labandeira, que defiende el uso de la fiscalidad como arma para combatir el
cambio climático y la contaminación. España figura entre los países europeos
que menos ingresan por fiscalidad ambiental, e instituciones como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión
Europea piden desde hace años una reforma impositiva verde.
Pero para poder
abordar esos cambios también se necesitan unos nuevos presupuestos, que PSOE y
Podemos deben pactar con otras fuerzas al carecer de mayoría suficiente en el
Congreso. “Necesitamos actualizar nuestras previsiones de ingresos y gastos,
nuestras prioridades, para que se correspondan con las políticas que necesitamos
en un momento tan crítico como este”, detalla Ribera.
3. La palabra clave:
condicionalidad
La OCDE estimaba en un reciente informe que los
Gobiernos del mundo han comprometido ya “al menos 312.000 millones de dólares”
de recursos públicos para apoyar una recuperación verde. Sin embargo, este
organismo alertaba de que paralelamente se han destinado grandes recursos para
rescatar actividades insostenibles, como inversiones en combustibles fósiles.
“Las ayudas del contribuyente no
pueden ser gratuitas”, resume Helena Viñes, directora adjunta de
sostenibilidad de BNP Paribas Asset Management y miembro de la recién creada
Plataforma en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Es decir, los fondos
públicos no pueden acabar destinados a actividades que perjudiquen al medio
ambiente y la salud. Antes de la pandemia, la Comisión Europea encargó al grupo
de expertos al que pertenece Viñes un listado con criterios claros de las
actividades que se pueden considerar sostenibles a la hora de invertir. Es lo
que llaman la “taxonomía sostenible”, que se espera
que pueda ser una guía para distribuir una parte de los fondos del plan de
recuperación europeo.
La palabra clave ahora es
condicionalidad: es decir, que los fondos públicos que lleguen a una actividad
sean “compatibles con el medio ambiente”, resume Sallé, de Iberdrola. “Nadie
pide que las empresas que reciban fondos sean perfectas hoy, pero sí que se
comprometan a la neutralidad en 2050”, explica Viñes. Esa neutralidad climática
—que el balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y los
atrapados por los sumideros (por ejemplo, los bosques) sea cero— es el objetivo
que se ha fijado Europa para mediados de siglo. Y las inversiones en infraestructuras
cuya vida vaya a superar los 30 años y reciban fondos públicos deben tener ya
el horizonte de la neutralidad de carbono, dice Viñes, a título de ejemplo. “La
condicionalidad es fundamental para crear incentivos”, opina Ballabriga, del
BBVA: “Es urgente crear empleos, pero esos empleos deben perdurar en el
tiempo”.
4. El hidrógeno
verde, el nuevo El Dorado
Condicionados, sí, ¿pero adónde
deben ir los fondos del plan de recuperación? Ribera apunta hacia dos grandes
áreas: la agenda urbana y la movilidad por un lado y la transición energética
por otro. La vicepresidenta apuesta por favorecer “la rehabilitación energética
y la recuperación de los espacios públicos” y por impulsar “modelos de
movilidad diferentes”. En esas áreas, opina, hay “grandes oportunidades de
empleo, de innovación y de resiliencia”.
“El ámbito urbano es responsable
del 40% de las emisiones”, recuerda Ballabriga, quien también sitúa la
rehabilitación de edificios para ganar en eficiencia energética como uno de los
sectores clave por su potencial para reducir emisiones y generar empleo.
“Tenemos un parque de viviendas muy antiguo y se puede hacer mucho”. Como por
ejemplo, mejorar los aislamientos de los edificios y los sistemas de
calefacción y refrigeración de las casas para que sean más eficientes. Del
mismo modo, los expertos consultados apuntan al coche eléctrico. “Las ciudades
han visto claramente el camino”, explica Sallé, “y España no puede perder el
tren y dejar de ser uno de los grandes exportadores de vehículos del mundo”.
Respecto a la transición
energética, Ribera propone intentar acelerar la implantación de tecnologías
limpias, sin olvidar la “transición justa” —es decir, no dejar atrás a los
ciudadanos que puedan verse perjudicados por la descarbonización; como por ejemplo,
los trabajadores del sector del carbón afectados por cierres—. Y señala la
importancia de las tecnologías más innovadoras, como el hidrógeno o la eólica
marina.
La caída de costes de las renovables clásicas —la
eólica terrestre y fotovoltaica— ha sido tal que compiten sin problemas y sin
ayudas con las formas más sucias de generar electricidad. Pero algunas nuevas
tecnologías muy prometedoras sí pueden necesitar apoyos públicos. Es el caso
del hidrógeno verde, el generado a partir de fuentes renovables y que puede
servir para alimentar a grandes industrias e, incluso, para el transporte. “Es
el nuevo Eldorado”, señala Viñes. Algunos fabricantes de aviones, como Airbus,
incluso han anunciado que esa es su apuesta para un futuro libre de emisiones.
“Debemos trabajar toda la cadena de valor: producir hidrógeno, transportarlo,
desarrollar e incorporar las aplicaciones de los consumidores que pueden
demandarlo”, opina Ribera.
5. Revolución agraria
Es básico abordar la
descarbonización de la electricidad, la industria y el transporte, porque la
energía acumula el 80% de las emisiones. Pero existen otros sectores
estratégicos, como el agrario, que es responsable en España del 12% de los
gases.
Luis Planas, ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, no tiene puesta la vista tanto en el plan de
recuperación de Bruselas como en la nueva Política Agraria Común (PAC) para
el periodo 2021-2027. Al campo español le llegarán unos 48.000 millones de
fondos europeos y alrededor de un 40% se orientarán a acciones ligadas a la
lucha climática y el medio ambiente como el pastoreo extensivo, la agricultura
de conservación y la reducción de fertilizantes. “La clave de esta PAC es el
cambio en el sector agrario de una producción lineal a una producción de
economía circular”, opina Planas. Su departamento está preparando ahora un plan
estratégico que debe ser consecuente con la ruta de transición ecológica.
Porque en esta gran transición todos los sectores cuentan.
Autor y artículo completo: Manuel Planelles / elpais.com/ideas
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