Castilla-La Mancha dispone de cerca de 30 millones de metros cuadrados de suelo industrial repartido en más de 260 ámbitos urbanísticos en 115 municipios. Tiene identificadas ocho grandes zonas industriales repartidas en las cinco provincias (Corredor del Henares- A2 en Guadalajara, La Sagra y Talavera de la Reina-Corredor A5 en Toledo, Albacete y desarrollo sureste, la zona industrial de Cuenca, la de Tarancón y la Mesa de Ocaña, la zona industrial de Ciudad Real y las antiguas zonas mineras de Puertollano y Almadén).
El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de crear, por
decreto, el Observatorio de la Promoción Industrial de la comunidad autónoma.
Se trata de un
“órgano colegiado, de carácter consultivo, asesor y de colaboración” que quiere
servir como “espacio de debate, intercambio y reflexión” entre el Gobierno
regional, los agentes sociales y otros organismos, instituciones o colectivos
“interesados” en el fomento de la competitividad industrial regional.
El decreto es muy genérico y establece hasta diez tipos
de funciones: desde conocer con carácter previo a su aprobación la normativa en
materia promoción industrial, la emisión de informes o recomendaciones,
“siempre no vinculantes”, elevar propuestas de medidas, estrategia o planes de
actuación concretos, recopilar y analizar estadística además de evaluar las
políticas de promoción industrial y realizar un informe anual de actuaciones.
De él formarán parte los miembros del Gobierno regional
competentes en la materia y habrá siete vocalías: empresas, sindicatos, un
representante de entidades locales designado por la Federación de Municipios y
Provincias de Castilla-La Mancha, otra de la Universidad de Castilla-La Mancha,
también habrá representación de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Servicios además de una persona funcionaria de la Dirección General competente
en materia de promoción industrial, que ejercerá la Secretaría, con voz, pero
sin voto. No tendrán retribución económica y se reunirán al menos dos veces al
año de forma ordinaria
Hoy este sector registra un total de 12.938 parados en la
región, según el dato de agosto facilitado por el Ministerio de Trabajo y
Economía Social. Además, la Industria representa el 15, 5% del total de
personas ocupadas en la región, dos puntos por encima de la media nacional. En
Toledo hay 53.500 personas trabajando en el sector, 29.100 en Ciudad Real,
25.300 en Albacete, 14.400 en Cuenca y 12.600 en la provincia de Guadalajara.
No se constituirá hasta dentro de seis
meses, casi en el límite de nuevas elecciones
Emiliano García-Page concurrió a las Elecciones en 2019
apostando por un Plan Estratégico de Zonas Industriales de Castilla-La Mancha
para que las empresas castellanomanchegas que producen fuera pudieran
“relocalizarse” y volver a la región.
Estaba prevista su puesta en marcha en 2021 y a finales
del año pasado el departamento
de Economía presentaba un documento de 50 páginas con el
“Diagnóstico y Plan de Medidas para la Industrialización de Castilla-La Mancha
en un escenario post-COVID”. Fue entonces cuando se anunció la creación de este
Observatorio.
“Vamos a continuar apoyando a nuestro tejido económico y
social, estando muy cerca de aquellos que nos necesitan”, decía este lunes la
consejera de Economía, Empresas y Empleo. Patricia Franco cree que “el futuro
observatorio será muy importante para poder dar respuesta rápida a todas las
situaciones que se puedan plantear y afecten al sector”.
Franco habla de objetivos y retos futuros de la
industrialización “en nuestro objetivo por consolidar a Castilla-La Mancha como
epicentro verde industrial del país”. Pero eso será ya cuestión de otra
legislatura.
Y es que, aunque la creación de este observatorio se
viene negociando con los agentes sociales desde hace más de un año, no entrará
en funcionamiento hasta dentro de seis meses. Prácticamente coincidirá con las
Elecciones Municipales y Autonómicas previstas para 2023, así que su
desarrollo, en la práctica, tendrá que esperar. Tampoco han visto la luz ni la
Ley de Industria nacional ni la regional para modernizar la normativa vigente.
Quizá por eso los agentes sociales han valorado con
tibieza las bondades de un órgano consultivo que seguramente no llegue ni a
funcionar en la actual legislatura. UGT ha declinado pronunciarse hasta no
conocer más detalles del proyecto, según las fuentes consultadas en este
sindicato.
Desde CCOO, el secretario general de Industria Ángel León
recuerda que el sindicato viene reclamando desde 2017 el establecimiento de un
“espacio de ámbito regional estable para consolidar un desarrollo equilibrado y
sostenible de la economía. En este sentido creo que su creación es importante”.
En su opinión el observatorio “debe servir para
consolidar el sector industrial y que tenga un crecimiento sostenible porque su
aportación al PIB de Castilla-La Mancha está por encima de la media nacional,
sobre todo por el peso de las industrias agroalimentarias”. Ángel León pone
también el foco en la transición energética. “Ya está aquí y el capital humano
tiene que jugar un papel fundamental. Si se hace al margen de las personas
trabajadoras, estaremos hablando de otra cosa”.
Mientras, el secretario general de la Confederación de
Empresarios (CECAM) se ciñe en su valoración a la literatura del propio decreto
cuando recuerda que “responde a las medidas establecidas dentro del Plan
Adelante 2020-2023, suscrito entre el Gobierno Regional y los agentes sociales,
concretamente dentro del eje de industrialización”.
Mario Fernández recuerda que busca “fomentar la mejora de
la competitividad de las empresas del sector industrial” y que lo hará
“especialmente en unos momentos tan difíciles como los actuales, donde las
empresas de nuestra región continúan sufriendo los efectos de una situación
económica tan desfavorable”.
En todo caso los empresarios se muestran confiados en que
este “instrumento” les permita “analizar” la situación del sector industrial y
también “plantear las medidas que consideremos necesarias para promocionar la
industria de Castilla-La Mancha”.
Según González, “desde CECAM plantearemos a través de
este instrumento, como ya venimos trasladando a la Administración a través de
otros cauces, aquellas cuestiones que sean necesarias para el fomento de la
competitividad de las empresas industriales, con la finalidad última de
impulsar la actividad económica de nuestra región”.
“Dar estabilidad” al sector en las
condiciones laborales
Este martes los 283 trabajadores que conforman la
plantilla de Aernnova-Composites Illescas (Toledo) seguían adelante con los
paros iniciados el pasado 4 de julio “ante la negativa de la empresa a
renegociar sus condiciones salariales y laborales y contra la imposición de
nuevas exigencias en materia de jornada y horas extra”, según CCOO.
Mejorar las condiciones laborales, “dar estabilidad” y
frenar la constante amenaza de la deslocalización de las grandes
multinacionales que pueblan Castilla-La Mancha debe ser uno de los objetivos
del observatorio. Ángel León recuerda que “en la región hemos sufrido este tipo
de situaciones cuando se toman las decisiones desde fuera de España”. En su
opinión, “frente a lo que trajo la globalización, parece que ahora estamos en
otro paradigma, en un escenario distinto que han traído la pandemia y la guerra
de Ucrania”.
Con la pandemia, dice el dirigente sindical, “hemos
venido planteando la necesidad de asentar determinados sectores económicos en
España para no depender de nadie. Tenemos el ejemplo más reciente en la falta
de microchips que tanto afecta a Castilla-La Mancha. No tenemos fábricas de
automóviles, pero si de sus componentes”. Por eso se felicita de la decisión de
que empresas como Mahle
Electronics con sede en Motilla del Palancar (Cuenca) puedan
ser beneficiarias del Proyecto
Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector
de la automoción.
Este PERTE debía ser aprobado en este mes de septiembre,
pero se ha visto retrasado por la guerra de Ucrania. “No será de un día para
otro, pero es el camino a seguir”, insiste Ángel León.
El peso de la industria en el Producto Interior Bruto
(PIB) de Castilla-La Mancha llega al 17,3%. Un sector que, en el conjunto de
España, aporta el 14,7% al PIB nacional. “No debemos ser conformistas”, afirma
el sindicalista.
Fuente: Carmen
Bachiller - eldiario.es/castilla-la-mancha
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