Aprodel CLM
El Gobierno de Castilla-La Mancha está diseñando las cinco primeras Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) en cinco zonas, de los 26 totales, afectadas por el fenómeno de la despoblación en la Comunidad Autónoma, a partir del 2024.
Se trata de cinco
experiencias piloto con las que sentar las bases principales de esa nueva
herramienta que el Ejecutivo autonómico está diseñando con el objetivo de
acercar la lupa, analizar cada uno de los territorios, sus los problemas o las
virtudes y poder incidir sobre estas zonas.
Estas Agendas de
Desarrollo Urbano y Rural, tal y como ha explicado hoy el viceconsejero de
Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, se constituyen como un
instrumento para el desarrollo de la Estrategia Regional frente a la
Despoblación, para “plasmar todo lo que se ha puesto en marcha desde la
aprobación de la Ley de medidas contra la Despoblación”, en vigor desde el año
2021.
Carrillo, que ha
inaugurado la XXII edición del Seminario de Legislación Urbanística de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Cuenca, ha subrayado que las ADUR
se han concebido desde el Ejecutivo para articular todas las políticas que hay
en el territorio, tanto ambientales, empresariales y de infraestructuras para
que las concretemos en acciones positivas consensuadas con los Grupos de Acción
Local, y con los municipios y el resto de agentes de cada territorio (empresas,
colegios profesionales, y asociaciones, entre otros)”.
Asimismo, ha avanzado que las agendas se van a abordar dentro del marco de la Agenda 2023 y de la Agenda Urbana Española, permitiendo con ello interactuar con organismos internacionales como la Unión Europea o la ONU, así como con el Gobierno de España.
Por su parte, el
comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, ha recordado que una de las
medidas pioneras que se incluyen en la Ley de Despoblación ha sido la
delimitación de las zonas afectadas por la pérdida demográfica “que nos permite
tomar medidas diferentes en función del grado de despoblación de cada una, en
materias como los incentivos fiscales (hasta un 25 por ciento del tramo
autonómico IRPF), incentivos económicos (mecidas de discriminación positiva,
hasta un 40 por ciento para ayuda a empresas o autónomos), y la garantía de
acceso a los servicios públicos. Se trata, ha insistido, de un trabajo que no
se ha hecho en otras partes de España ni de Europa.
Fuente: Nacho López -
eldigitaldealbacete.com
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