Aprodel CLM
La OCDE considera que la tradicional clasificación entre directivos/profesionales y obreros impide el salto hacia la formación necesaria para afrontar retos como el cambio climático y la inteligencia artificial.
Durante muchos años, se ha utilizado una clasificación en el ámbito laboral –sobre todo en países de habla inglesa– para agrupar a los trabajadores: aquellos de “cuello blanco”, en referencia a las camisas de directivos y profesionales cualificados, y los de cuello “azul”, por los habituales monos de trabajo en las fábricas. Es una de las tradiciones que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) pide romper para enfrentar la necesaria transformación de la formación y cualificación de las personas ante dos procesos clave, el cambio climático y la digitalización, y sus efectos en el trabajo.
La tradicional división ha quedado obsoleta para un mundo
en continua y rápida transformación, considera la organización internacional de
países “ricos” en su informe, Perspectivas de la OCDE sobre competencias 2023, publicado
esta semana. Por lo general, a los trabajadores de cuello azul se les ha
considerado “no cualificados” o “poco cualificados” y a los directivos y
profesionales, “muy cualificados”, contempla el estudio, algo que está ligado
al nivel de estudios –generalmente reglados– y no al “tipo de competencias que
poseen los individuos”.
Por ejemplo, apunta la OCDE, un obrero puede tener un
alto nivel de habilidades motoras finas y de resolución de problemas y un bajo
nivel de competencias en programación, y un profesional al revés. Según el
contexto, serán necesarias unas competencias u otras.
Además, la clasificación tradicional de “cuello blanco” y
“cuello azul” supone un obstáculo para un cambio de chip cada vez más
reclamado: que la formación no termine en la educación reglada. Estas
categorías “reducen los incentivos” para invertir en el aprendizaje permanente,
considera el organismo internacional, ya que los trabajadores manuales pueden
creer que adquirir competencias en un abanico más amplio “está fuera de su
alcance” y los profesionales, “que no necesitan invertir más en el desarrollo
de sus capacidades”. Ambas premisas, equivocadas.
Porque, si hasta la fecha lo más habitual ha sido
realizar unos estudios (básicos, formación profesional, universitarios o de
posgrado) y dejar la formación atrás al iniciar la etapa laboral, ahora se
reclama que esta acompañe a los trabajadores durante toda su vida profesional.
Que el aprendizaje, la recualificación y la adquisición de competencias sean
una constante para poder adaptarse a los retos que planteará –y ya está
planteando– la transición a una sociedad y una economía más verdes y
digitalizadas.
Fomentar y valorar otras competencias
Al igual que otras instituciones como la Comisión
Europea, que ha designado este 2023 como el año de las competencias, la OCDE
pone el acento en la necesidad de impulsar la formación en habilidades que
ayuden a los trabajadores a hacer frente a estos cambios que se prevé que creen
nuevos puestos de trabajo, modifiquen algunos y destruyan otros tal y como
existen en la actualidad.
Este verano, la OIT estimó que la inteligencia artificial
creará muchos más empleos de los que destruiría: 427 millones en el mundo
frente a 75 millones de puestos automatizados, con una mayor afectación de las
mujeres entre estos últimos. Estas transiciones plantean varios frentes: por un
lado, la necesidad de formar a las personas para los nuevos puestos que surjan
y, por otro, recualificar y reubicar a los trabajadores afectados por cierres o
cambios para contaminar menos y ser más eficientes energéticamente o debido a
la modernización de procesos a cuenta de la tecnología.
La OCDE destaca la necesidad de fomentar las competencias
en áreas directamente conectadas con estas transiciones, como el conocimiento
científico especializado en la sostenibilidad, así como la informática, el
análisis y tratamiento de datos, las matemáticas y otras ciencias. Pero también
otras habilidades humanas (y por tanto difícilmente sustituibles por los
algoritmos y otras tecnologías), como el pensamiento crítico y creativo, la
comunicación, la capacidad de negociación, la inteligencia emocional, la
resolución de problemas, la gestión de equipos, etc.
El organismo sitúa también los idiomas, y en especial el
inglés, como una de las competencias prioritarias para muchos puestos en un
mundo cada vez más globalizado. En especial, en sectores tecnológicos y de alta
cualificación.
Centrar esfuerzos en los más vulnerables
El informe señala dos colectivos que los gobiernos deben
atender de manera especial para poder avanzar con éxito en estas dos
transiciones. Por un lado, los jóvenes y las personas de entornos
socioeconómicos desfavorecidos, que “tienen menos probabilidades de adquirir
competencias”, sobre todo fuera de la educación reglada.
Ayuda en Acción, ONG especializada durante años en la
infancia y que desde la pandemia se ha redirigido también a la juventud más
vulnerable, considera clave reforzar el apoyo a los sectores menos favorecidos.
“No es un café para todos, ni fortalecer a todos los mismo. Hay que entender la
diversidad de la juventud y lo que necesitan en cada caso”, afirma Matías
Figueroa, director de programas en Europa de Ayuda en Acción. La ONG ha creado
un índice para medir las desventajas que afrontan los jóvenes en momentos clave
de transición a la vida adulta, en el que cifran en “un 40% de las personas de
15 a 29 años” que sufre desventajas que le impiden acceder al mercado laboral
en España.
Los jóvenes más desfavorecidos requieren de “un
acompañamiento más personalizado” en esta capacitación, que les permita
adquirir herramientas con las que más adelante tendrán autonomía, indica
Figueroa. Desde una mayor orientación sobre hacia dónde dirigir sus carreras
como un acompañamiento durante su formación y “trabajar la motivación”. “Son
jóvenes que vienen con una mochila, la autoestima muy baja muchas veces, por lo
que es clave que sientan que tienen oportunidades, un apoyo psicosocial”,
añade.
Por otro lado, la OCDE pide no desatender a las
poblaciones afectadas negativamente por estos cambios, por ejemplo, con la
pérdida de sus empleos. Tanto para cumplir con la llamada “transición justa”
para estas personas, sin dejarlas atrás, como desde una perspectiva del
conjunto de la sociedad, para que puedan contribuir desde su recualificación en
otras actividades.
También para que no se generen corrientes sociales en
contra de la transición verde y digital. “Por cada 1% de aumento del desempleo,
el porcentaje de adultos que afirman dar prioridad al medio ambiente frente a
la economía disminuye un 1,7%”, cifra el estudio.
Fuente: Laura Olías - eldiario.es/economia
Posted in: Actualidad,Desarrollo sostenible,Educación Ambiental,Empleo,Emprendedores,Empresas
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