La contratación dentro de este colectivo aumentó un 8 % en 2022, pero los prejuicios y el desconocimiento lastran una mayor incorporación de estas personas a las empresas ordinarias.
Su rendimiento es
muchas veces igual o mayor que el de las personas sin discapacidad, y, sin
embargo, la incorporación sociolaboral de quienes pertenecen a este colectivo
aún se topa con numerosas barreras educativas, profesionales y culturales. El
incremento del 8 % en la contratación de personas discapacitadas durante 2022,
probablemente como consecuencia de la conversión de contratos temporales
activos en fijos o fijos discontinuos, se ha equilibrado en 2023 con una
contracción en el número de contratos, a consecuencia del descenso de los
temporales. “Hay que tener en cuenta que los contratos temporales de corta
duración servían de periodo de prueba y cauce posterior de la contratación
indefinida”, afirma Francisco Mesonero, director general de la Fundación
Adecco.
Tras la reforma
laboral, lo realmente importante, explica, “es analizar si el impacto que está
teniendo está contribuyendo a generar modelos de contrato más estables y con
mejores condiciones”. Las cifras invitan a un optimismo moderado, ya que, a
pesar de que indican una tendencia favorable, la tasa de empleo de las personas
con discapacidad es todavía del 24 %, el doble de la tasa nacional de desempleo
(del 12,15 % en el primer trimestre de 2023, según el Instituto Nacional de
Estadística).
Gran parte de este
nuevo empleo se formaliza dentro del contexto de los Centros Especiales de
Empleo (CEE), unas empresas reguladas cuyo personal está compuesto, como
mínimo, por un 70 % de personas con discapacidad, y que trabajan por la
inclusión laboral de las personas de este colectivo en las empresas ordinarias.
En España hay, en total, unos 2.300 CEEs, que emplean a aproximadamente 100.000
personas, según datos de la Confederación Nacional de Centros Especiales de
Empleo (Conacee).
Desafíos para la
inclusión laboral
No cabe duda de que,
en los últimos años, se ha avanzado considerablemente en materia de
sensibilización, y que cada vez son más las empresas que apuestan por el
talento de las personas con discapacidad. Sin embargo, su tasa de actividad (y
esa es la otra cara de la moneda) es aún exigua, del 34 %. Algo similar sucede
en los CEEs: “Según el SEPE, tres de cada cuatro contratos para personas con
discapacidad se firman a través de un CEE (…), pero solo un 17 % de las
personas con discapacidad intelectual tiene empleo”, sostiene Luis Cruz,
director general de Integra CEE.
Pero ¿cuáles son esos
desafíos que obstaculizan la inclusión laboral de las personas con
discapacidad? Para Mesonero, es necesario abordar dos necesidades: la educativa
y la cultural. “La primera porque, históricamente, las personas con
discapacidad han sufrido un fracaso escolar a medida que avanzaban en sus
estudios; eso porque el sistema educativo no está ni adaptado ni normalizado
para acoger a alumnos con diferentes discapacidades”, si bien admite que esta
realidad ha ido poco a poco corrigiéndose.
Por otro lado, los
factores culturales siguen muy arraigados en el imaginario social. Aspectos
entre los que se encuentran el desconocimiento, la indiferencia, los
prejuicios, la sobre protección y la discriminación, según señalan desde la
Fundación Adecco:
Desconocimiento. La
ausencia de información y experiencias con personas con discapacidad ocasionan
inseguridad y actitudes discriminatorias inconscientes. La sensibilización, la
formación y el diálogo son la mejor herramienta para combatirlo.
Indiferencia. La
actitud de pasividad con la que, en ocasiones, la sociedad se muestra hacia las
personas con discapacidad, les convierte en invisibles; el entorno sigue
mostrándose indiferente hacia sus retos, dificultades y necesidades.
Prejuicios. La
valoración y juicios anticipados basados en la tradición y los estereotipos
provocan una estimación superficial de las personas que conduce a la
discriminación y la exclusión.
Sobreprotección. Este
factor se produce, sobre todo, en el entorno familiar, pero también en el
profesional. Tratar a las personas con discapacidad con condescendencia o
excesiva protección dificulta su proceso de aprendizaje y desarrollo
profesional.
Discriminación.
Derivada de todas las anteriores, se materializa en un trato diferente,
perjudicial y/o vejatorio hacia las personas por razón de discapacidad.
Los Centros
Especiales de Empleo
“Es cierto que hay
muchos tipos y grados de discapacidad, pero eso no impide el objetivo de su integración”,
explica José Manuel Mellado, CEO del CEE Talento y Experiencia. Estas
entidades, divididas entre las de iniciativa social y las de iniciativa
empresarial, son entornos laborales concebidos específicamente para fomentar y
formar a las personas con discapacidad desde el empleo. Así, con su labor
ofrecen a las empresas ordinarias la posibilidad de cumplir con un doble
objetivo: lograr una solución social y competitiva a sus necesidades y cumplir
con las obligaciones legales que la Ley General de la Discapacidad marca para
las empresas mayores de 50 trabajadores (un 2 % de empleados con discapacidad).
Sin embargo, en esa
misma labor social por la inclusión laboral de este colectivo se encuentra uno
de sus mayores riesgos, y es que los CEEs “pasen de ser un mecanismo de
protección necesario y transitorio, un trampolín hacia el empleo ordinario, a
perpetuarse como opción finalista, de manera que las personas con discapacidad
no se planteen nuevos horizontes profesionales”, argumenta Mesonero.
Estos centros se
caracterizan también por un importante componente formativo y por unas unidades
de apoyo enfocadas a facilitar esta inclusión laboral, “de manera que la
discapacidad nunca sea una limitación”, recuerda Cruz. Se trata de
departamentos formados “por técnicos especializados (psicólogos y trabajadores
sociales) en acompañar a estas personas en su adaptación al puesto en el que
mejor se puedan desenvolver y obtener las prestaciones adecuadas, además de
ofrecer apoyo psicológico, de atención y familiar; talleres formativos; y ayuda
en tareas administrativas”, describe Mellado.
La formación es, por
otro lado, “una pieza fundamental para el desarrollo de los CEEs. En Integra,
por ejemplo, nos centramos mucho en la capacitación específica del puesto de
trabajo, pero también desarrollamos formación continua en habilidades
interpersonales, nuevas tecnologías y prevención de riesgos laborales”, añade
Cruz. Presentes en todo el territorio nacional, el 90 % de sus más de 4.500
trabajadores proceden de este colectivo.
Agentes sociales por
la inserción laboral
Lograr una inclusión
laboral plena exige un compromiso pleno de todos los agentes sociales
involucrados, “especialmente en lo que respecta a las Administraciones
públicas, las empresas, el tejido asociativo y la propia sociedad”, esgrime
Mesonero. Las primeras, a través de planes educativos, políticas activas de
empleo y la colaboración público-privada; las empresas, a través de sus
estrategias de diversidad, equidad e inclusión; y la colaboración con las organizaciones
del tercer sector (el asociativo), “que, como grandes conocedoras de las
necesidades de las personas con discapacidad, han de realizar un acompañamiento
personalizado e innovador”, añade el director general de la Fundación Adecco,
desde donde también se realiza un acompañamiento personalizado a estas
personas, maximizando sus fortalezas y ayudándoles a mejorar su empleabilidad.
La tecnología
inclusiva, la inteligencia artificial y la formación son, para Mesonero, otras
tres herramientas que juegan un papel central en su integración laboral. “Las
dos primeras, bien articuladas, pueden convertirse en aceleradoras de empleo de
personas con discapacidad, debido a su gran capacidad para sortear barreras
históricas que tradicionalmente han encontrado a nivel físico, cognitivo y/o
sensorial”, explica. Unos sistemas inteligentes que tampoco están exentos de
riesgos: hay que garantizar que sean inclusivos, introduciendo ejemplos
positivos de personas con discapacidad en los datos de entrenamiento o apostando
por la accesibilidad universal.
Por otra parte, la
Fundación Adecco acaba de lanzar la sexta edición de sus becas formativas,
destinando 300.000 euros en ayudas para el estudio y becas de grado, máster y
FP. Para solicitarlas, los jóvenes han de contar con un certificado de
discapacidad igual o superior al 33 %, haber nacido entre 1993 y 2007 y estar
matriculados en el curso 2023-2024. Las ayudas serán de hasta 2.000 euros por
solicitante.
Fuente: Nacho Meneses
- elpais.com/economia/formacion
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