La Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad (DIRSE) cumple una década. Diez años de andadura en los que han 'crecido de talla' de la mano de la revolución corporativa que han experimentado las empresas en el ámbito de la sostenibilidad y que están teniendo una repercusión en el empleo.
"En los inicios apenas había una oferta o dos a la semana. Ahora se publican alrededor de 70 vacantes", explica Alberto Andreu, que acaba de traspasar el testigo de la presidencia de la asociación a Ana Gascón Ramos después de dos años. En una entrevista con La Información, Andreu hace balance de este periodo, en el que la revolución ha venido de la mano de los cambios regulatorios. Un marco legal que seguirá en el futuro y propiciará que "la información de sostenibilidad se vaya a comer a la financiera en el futuro"."Los indicadores para medir el resultado bruto de explotación (ebitda) rondan los 25. Sin embargo, los no financieros son muchos más", apunta para aseverar que en última instancia, "el mercado se da cuenta de que las pérdidas patrimoniales se producen por escándalos financieros, pero mayoritariamente por no financieros". "Te guste o no, los riesgos climáticos te pueden hacer perder dinero", matiza, motivo por el que hace énfasis en la importancia del conocimiento de los riesgos de sostenibilidad en aras de poder asegurar la inversión y augura que, en unos años, la información de sostenibilidad va a superar en relevancia a la financiera, dado que medirá a la empresa desde todos sus ángulos.
El también profesor de la Universidad de Navarra
argumenta que los escándalos empresariales de las últimas dos décadas están
relacionados con la 'G' de Gobernanza y la 'E' de 'environmental' (ambiental).
Así, resalta que el activismo corporativo va a ir en aumento siempre que
suponga un crecimiento de los activos.
En el caso de Europa, la transformación se hizo evidente
desde la puesta en marcha del Plan de Finanzas Sostenibles impulsado desde
Bruselas en 2018 y, dentro de este, el reglamento de divulgación en materia de
finanzas sostenibles de la UE (SFDR, por sus siglas en inglés) de 2021. "Desde
el enfoque inversor supone un movimiento enorme", expresa. En el caso del
citado SFDR, éste busca promover la clasificación de los productos financieros
en categorías y fuerzan a detallar a las gestoras de activos y firmas de
asesoramiento independiente los parámetros que siguen. El objetivo es que sea
más fácil comparar fondos en cuanto a criterios sostenibles y ayudar a la hora
de tomar decisiones.
En lo que respecta a España, Andreu subraya que lleva la delantera en materia de información de sostenibilidad a otros países europeos, ya que la transposición en diciembre de 2018 de la directiva relativa a la divulgación de información no financiera, fue más allá, y eso ha permitido a las empresas llegar más preparadas. El futuro informe unificado en el que trabaja el EFRAG será un paso adelante en la madurez de la sostenibilidad porque incluirá además el elemento de verificación de las medidas por parte de un tercero.
"El punto clave radica en que la firma de un tercero compromete la imagen de una compañía", para agregar que la "la SFDR deja abierta la puerta a que haya un aseguramiento razonable en 2028" y que el procedimiento a la hora de auditar un informe no financiero sea el mismo que el empleado a la hora de analizar un balance.
Andreu ve conveniente que a la hora de replantearse los
métodos de valoración de las empresas se empleara el conocido como
"neteo", que implicaría restar las acciones nocivas que se generan en
la cuenta de resultados. "Es complicado valorar el impacto positivo porque
es subjetivo, en cambio el negativo es más fácil", señala. En este
contexto, remarca que si bien se han desarrollado "muchas métricas",
el problema radica en la cuantificación de la huella en determinadas
cuestiones. A modo de ejemplo, señala que estimar la reducción de la huella de
carbono "es sencillo", pero no lo es tanto a la hora de calcular qué
beneficios tiene mejorar la transparencia en las cadenas de suministro de una
empresa. Uno de los factores radica en la falta de consenso y homogeneización
sobre las citadas métricas. "El 100% de los indicadores se mide de dos o
más formas. Conclusión: no se puede comparar", expresa.
Durante la conversación destaca la 'guerra' de estándares
ESG, así como las diferencias en su diseño entre Europa y Estados Unidos, de
las que señala dos. Una de ellas está relacionada con las emisiones de alcance
tres, referida a aquellas producidas por la cadena de valor de una empresa,
pero que no está bajo su control. La otra alude a que la SEC (la Comisión de
Bolsa y Valores del país estadounidense) no exige la doble materialidad, que
implica tener en cuenta las amenazas y oportunidades desde el punto de vista
financiero y no financiero. Pese a ello, matiza que desde el lado inversor esta
diferencia "no es significativa", salvo que el entorno exterior
afecte "negativamente".
En este sentido, advierte del auge del movimiento 'anti-ESG' en Estados Unidos, que tiene su origen en dos vertientes. La ideológica, que es "necesario" separar de la evidencia científica, y la racional, que se observa en algunos estados en los que se está dejando de canalizar inversiones hacia empresas 'menos limpias', como las petroleras, con las que "se pone en juego el valor de los activos". "La sostenibilidad no va de ser radicales, si no que debe hacerse una transición y ver cómo evoluciona la estrategia de estas empresas hacia proyectos de hidrógeno o energías renovables (...). La cuestión está en si niego la sostenibilidad o protejo el valor de los activos", apunta, al tiempo que incide en la necesidad de desvincular los ideales en estas cuestiones. "Esta corriente puede llegar a Europa, pero lo que no se puede negar es que el dinero es global y busca la protección y la gestión adecuada del riesgo", concluye.
Fuente: Carmen Muñoz, Cristina Trinana - lainformacion.com
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