Aprodel CLM
El Gobierno ha vuelto a poner en marcha el anteproyecto de ley de función pública un año después de que la convocatoria de elecciones diera al traste con su tramitación.
Se trata de una norma clave para el medio millón de empleados del sector público estatal, dado que está llamada a regular cuestiones fundamentales como el teletrabajo; la evaluación del desempeño de los funcionarios; la carrera profesional; el régimen de sanciones o los sistemas de selección.
El Consejo de Ministros le dio el visto bueno al
anteproyecto sin apenas cambios respecto a la versión que decayó hace un año.
De prosperar su tramitación parlamentaria, se convertirá en la primera ley de
función pública que afecta a la Administración General del Estado. Las
comunidades autónomas ya cuentan con su normativa propia que afecta a los
trabajadores del sector regional de la administración.
El borrador del texto, al que ha tenido acceso 20minutos,
establece un marco regulatorio muy general sobre la administración pública. En
muchos puntos clave, la norma no concreta y deja el desarrollo abierto a
negociación posterior. Este es el caso de los organismos evaluadores del
desempeño de los funcionarios o del régimen de teletrabajo, por citar algunos
casos.
Evaluaciones a
funcionarios
Uno de los principales cambios para los funcionarios que
introduce el anteproyecto de ley es la introducción de un sistema de evaluación
de su desempeño. Este punto ya quedó recogido en un real decreto mastodóntico
aprobado en diciembre. En él, el Gobierno dio salida a algunas de las medidas
prioritarias que se incluían en el texto que decayó el verano pasado para no
perder el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación.
En ese decreto, que se refundirá con la ley de función
pública si sale adelante, se contemplan evaluaciones anuales obligatorias a los
funcionarios. En ellas, se valorará la conducta profesional del empleado y se
medirá el rendimiento y los resultados. No obstante, la norma prevé un periodo
de carencia de dos años tras la puesta en marcha de esta medida en la que estos
exámenes no tendrán efectos.
Estas evaluaciones son importantes, porque de ellas
dependen cuestiones cruciales como el progreso en la carrera profesional, el
nuevo complemento por desempeño o la propia continuidad en el puesto de
trabajo. El modelo de evaluación lo articulará cada departamento ministerial y
sus entidades vinculadas, un punto que despierta suspicacias en los sindicatos,
a quienes preocupa quién evaluará al evaluador. Para este punto, se creará la
comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, que se encargará de validar
y coordinar el proceso.
Complemento de carrera y
por desempeño
La norma crea además dos nuevos complementos salariales:
el complemento de carrera y el de desempeño. Estas dos nuevas retribuciones se
suman a los ya existentes complementos de destino, específico y por servicios
extraordinarios.
El complemento de carrera profesional servirá para
retribuir el nuevo sistema de promoción horizontal que ya se desarrollaba en el
real decreto aprobado en diciembre. Este sistema premiará la experiencia de los
funcionarios, aunque no asciendan verticalmente (para lo que es necesario
superar un concurso-oposición) y se mantengan en el mismo puesto.
En cada grupo o subgrupo de personal se crean cuatro
niveles retributivos, sobre los que se va transitando con el paso de los años y
a través de evaluaciones positivas que lo avalen. Para poder pasar al segundo
tramo hay que acumular por lo menos cinco años de experiencia en el primer
nivel, y para alcanzar los siguientes se deben acumular seis años de
permanencia en cada tramo.
Además, se crea también el complemento por desempeño, que
está llamado a sustituir a la actual y poco transparente productividad. La
cuantía de esta retribución varía en función de la evaluación recibida por el
funcionario. En todo caso, su cuantía será conocida por el resto de personal de
un mismo ámbito y también por los sindicatos.
Teletrabajo
Otra de las novedades que incluye la ley es un marco para
el teletrabajo en la administración central. Aunque los detalles específicos
quedan pendientes de desarrollar mediante un reglamento futuro, la norma sí
introduce algunas limitaciones. Así, el teletrabajo debe ejercerse siempre bajo
autorización expresa y tendrá carácter "temporal, voluntario y
reversible" salvo excepciones justificadas. La ley aclara que "no es
un derecho" y está supeditado a las "necesidades organizativas y del
servicio". Además, la administración deberá proporcionar los medios tecnológicos
que sean necesarios.
Más allá de estas cuestiones, la norma incluye otros
aspectos como un marco más delimitado para los trabajadores interinos, el deber
de formar a los funcionarios y otorga un papel más destacado a la negociación
colectiva. Además, incorpora los principios de "agilidad y
eficiencia" en los procesos selectivos y "soluciones para regularizar
los elementos disfuncionales" del modelo actual de selección.
UGT y CCOO, a favor;
CSIF, en contra
La nueva aprobación del anteproyecto de ley ha sido
recibido de formas opuestas entre los sindicatos. Las centrales más
representativas en el país (UGT y CCOO) la ven con buenos ojos, en buena parte
porque el Gobierno ha negociado el texto con ellos. Para Nuria Lambás,
coordinadora de Negociación Colectiva en UGT, el anteproyecto es positivo,
aunque reconoce que "queda mucho trabajo por negociar una vez esté
aprobada". "Entendemos que podemos empezar a trabajar en muchas cosas
y nos ofrece un marco con más agilidad para aspectos que tienen que empezar a
funcionar ya como la carrera profesional", señala en conversación con
20minutos.
No comparte esta visión Milagros Dorronzoro, secretaria
de Negociaciónen CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General
del Estado. "Es un texto absolutamente deficiente, peligroso y sin ningún
tipo de concreción" y que "puede tener efectos negativos",
valora a este periódico.
Dorronzoro se muestra especialmente escéptica con las
evaluaciones, que podrían llegar a suponer la pérdida de un ascenso conseguido
por méritos. Sostiene que las evaluaciones por parte de los superiores pueden
poner en riesgo la imparcialidad del funcionariado. Además, reprocha otras
cuestiones, como la falta de un estudio presupuestario y la ausencia de
concreción en las cuantías de los complementos de carrera.
Fuente: Jorge Millán - 20minutos.es/noticia
Posted in: Actualidad,Empleo
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