Decálogo para la implementación urgente de los ODS en España

 

 

Los autores subrayan la necesidad de que el Gobierno abandone cuanto antes su posición de espectador y lidere el proceso de aplicación de la Agenda internacional 2030 de la ONU.

 

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consagra un principio fundamental: en el mundo imbricado del siglo XXI, nadamos o nos hundimos juntos. Sus 17 prioridades de acción no solo integran de manera coherente las tres esferas del desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental), sino que establecen compromisos para todos los países del planeta y para todos los niveles de la acción pública y privada.

 

Lo que es igualmente importante, construyen un relato de los bienes públicos globales reconocible en un gran número de políticas y prácticas cotidianas donde lo ético se cruza con lo inteligente: desde la cooperación para reducir la pobreza en África y la justicia fiscal contra la desigualdad en América Latina, hasta la transición energética de las ciudades europeas, la generación tratamientos accesibles contra las enfermedades crónicas o la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en cualquier ámbito de nuestras sociedades.

 

España, como el resto de la Unión Europea, está obligada por esta agenda, cuyos compromisos asumió de forma explícita en 2015. Eso implica diseñar un plan nacional de implementación de los ODS, definir los indicadores y alianzas que deben apuntalarlo, y garantizar mecanismos transparentes y participativos para su seguimiento. E implica también enfangarse en un esfuerzo intenso de pedagogía pública para hacer llegar a la sociedad y a sus diferentes actores una agenda que desconocen y que les ofrece enormes oportunidades.

 

Por diferentes razones, España lleva un año y medio de retraso en el cumplimiento de estas obligaciones. Aunque un número importante de empresas privadas, ONG, administraciones regionales e incluso ministerios han comenzado a trabajar en la elaboración de sus propios planes, carecemos de un liderazgo por parte del Gobierno y el Parlamento que optimice la eficacia del proceso.

 

Este vacío debe ser corregido de manera urgente. Para ello sugerimos diez medidas que demostrarían la voluntad del Gobierno y facilitarían la definición de una Estrategia Nacional para los ODS:

1. La Presidencia del Gobierno debe dar símbolos inequívocos de su liderazgo en este ámbito y del compromiso integral del Gobierno y de España en la consecución de la Agenda 2030.
2. Debe considerarse la creación de un Alto Comisionado para la Agenda 2030 que permita la coordinación entre los distintos Ministerios y agentes sociales, económicos y políticos. Este Alto Comisionado, debería estar presidido por el máximo rango institucional posible (idealmente, por la Vicepresidencia), contar con una involucración alta de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Agricultura y Medioambiente, e implicar a todas la áreas del gobierno directamente afectadas por la agenda. Asimismo, debe incorporar de manera eficaz el valor añadido de otros actores del sector privado, académico y de la sociedad civil.
3. Cada ministerio debe aprobar un Plan de Alineación de Políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde informe, sensibilice y comprometa sus actuaciones presentes y futuras, aprobando anualmente un Plan de Acción y la pertinente rendición de cuentas sobre las actuaciones realizadas para la consecución del mismo.
4. España debe garantizarse la inteligencia necesaria para el desarrollo de esta agenda y la transformación de las políticas públicas. Para ello debe considerar la creación de una Oficina de asesoramiento e implementación de los ODS que colabore con centros de análisis como el Real Instituto Elcano a la hora de informar y documentar la consecución de la Agenda 2030.
5. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los indicadores necesarios que se ajusten a las prioridades establecidas, así como un plan de evaluación y rendición de cuentas sobre los avances de la agenda, complementarios al seguimiento cualitativo que desarrollen los distintos ministerios.
6. Con el fin de dotar de transparencia y la máxima rendición de cuentas el Alto Comisionado para la Agenda 2030 elaborará una memoria de cumplimiento de los ODS que remitirá a: Congreso de los Diputados, Naciones Unidas y a la Sociedad Civil par su conocimiento y seguimiento.
7. La Conferencia de Presidentes debe incorporar en su agenda un punto permanente sobre los ODS que permita establecer una coordinación e impulso con todas las Comunidades Autónomas. Así mismo esta acción ha de replicarse en todas las comisiones sectoriales dependientes de cada uno de los Ministerios.
8. Una Comisión Mixta Congreso-Senado debe informar, fiscalizar e impulsar políticamente la Agenda 2030.
9. Con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía, debe establecerse un portal permanente de información acerca de las actuaciones realizadas y garantizar que cada administración implique a las organizaciones empresariales y de la sociedad civil de su sector, con el fin de generar alianzas para el desarrollo sostenible.
10. El nuevo Plan Director de la Cooperación Española debe estar enraizado en el cumplimiento de esta agenda. En este sentido, una Ley de Desarrollo Sostenible económico, social y medioambiental ayudaría a blindar el compromiso de administraciones y partidos.

Muchos sectores de nuestro país han entendido ya que la incorporación responsable y ambiciosa de los ODS a la agenda pública española es mucho más que una obligación. Incluso en medio de la incertidumbre internacional –o tal vez por eso mismo– la Agenda 2030 puede ayudarnos a enfrentar algunos de los formidables desafíos nacionales y globales que tenemos por delante. Necesitamos que el Gobierno abandone cuanto antes su posición de espectador y baje a la cancha para arrimar el hombro y liderar el proceso. Nos lo debemos a nosotros, a nuestros hijos y al planeta.

Fuente: elpais.com

 

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