La red global de municipios CGLU pide mayores competencias.
La asociación de ‘smart cities’ cree que el déficit está en las áreas rurales.
De lo que hagan o no los gobiernos locales en las próximas décadas dependerá en gran medida la suerte del planeta frente al cambio climático, ya que las urbes son las principales consumidoras de recursos y las mayores generadoras de contaminación.
De ahí que las Naciones Unidas hayan decidido dedicar uno de los objetivos de desarrollo sostenible a las ciudades. El ODS 11 habla de que en 2030 estas deberán ser inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. A renglón seguido, enumera 10 metas que abarcan desde asegurar el acceso a la vivienda hasta mejorar la calidad del aire.
“El objetivo es extremadamente ecléctico, por lo que es difícil valorar hasta qué punto o no un país, e incluso una ciudad, cumple con él”, dice Emilia Saiz, secretaria general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), una asociación de más de 2.500 municipios de todo el mundo con sede en Barcelona.
Dicho esto, CGLU, de la que forman parte todos los ayuntamientos asociados a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), considera que en términos generales España va por el buen camino, si bien necesita reforzar la autonomía de los gobiernos locales para que puedan tomar decisiones sobre asuntos que les conciernen.
Saiz pone como ejemplo el acceso a la vivienda. “Grandes fondos de inversión se están adueñando de los centros de las ciudades, desplazando a la población, y los municipios no pueden intervenir con marcos legales. Es un tema sobre el que deberían poder decir algo más”, explica.
El ODS 11 y sus consecuencias en las políticas municipales será, junto con el Acuerdo de París y el Plan de Acción para la Economía Circular de la UE, uno de los asuntos centrales del Foro de Ciudades de Madrid, que organiza Ifema entre el 13 y 15 de junio como parte del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles (FSMS).
Desde la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que promueve el desarrollo de smart cities, coinciden en que la complejidad del ODS 11 dificulta la valoración de su avance en España. “No poseemos indicadores globales que nos den un alcance real de la situación”, afirma Roberto Álvarez, secretario de RECI. Sin embargo, de forma general, asegura que el trabajo en red de las ciudades españolas para el cumplimiento de estos objetivos es reconocido internacionalmente.
Precisa que los 81 municipios que integran RECI tienen un grado de desarrollo del modelo smart y, por tanto, del ODS 11 muy avanzado. “Estas ciudades son de más de 50.000 habitantes, por lo que el déficit reside en las pequeñas poblaciones y es, en buena cuenta, principio y consecuencia de la desertización de los territorios”, mantiene.
En ese sentido, sostiene que el cumplimiento del ODS 11 pasa por invertir más en el desarrollo de las poblaciones rurales, tal y como lo ha identificado el Plan Nacional de Territorios Inteligentes lanzado por el Gobierno a fines de 2017.
Por su parte, Saiz, de CGLU, insiste en la importancia de un reparto de poderes basado en el principio de la subsidiariedad. “Las decisiones se tienen que tomar en el nivel de gobierno más cercano a la gente. A los municipios llegan ahora muchos mandatos sin financiación”, advierte.
Fuente: Carlos Ontiniano Pulido - cincodias.elpais.com/cincodias/
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