El
pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado por unanimidad el
Proyecto de Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la
Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La
Mancha. Una Ley que, tal y como ha explicado durante su intervención el
vicepresidente autonómico, José Luis Martínez Guijarro, es “participada,
pionera, trasversal, y que incluye, por primera vez en nuestro país, la
política fiscal”.
La ‘Ley de Despoblación’
tiene como objeto “regular y establecer principios de actuación y medidas
tendentes a la consecución de un desarrollo integral del medio rural” en la
región, “prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación, así
como a garantizar servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus
habitantes y propiciar el desarrollo económico y social del medio rural para
alcanzar la cohesión social y territorial, en el marco de una cultura de
igualdad entre mujeres y hombres que garantice el desarrollo sostenible”, según
explica el primer artículo.
El texto contempla, además, conceptos
novedosos como la estancia efectiva o el impacto demográfico, toda vez que pone
el acento en el apoyo a las empresas que se ubican en zonas despobladas y
garantiza la sanidad, la educación y la asistencia sociosanitaria a sus vecinos
y vecinas.
A lo largo de su intervención, Martínez Guijarro ha detallado que el texto,
para cuya redacción “hemos tratado de escuchar a todos” pues ha pasado por un
proceso de participación, ha sido sometida a dos procesos de información
pública y ha pasado por hasta diez consejos asesores de la región, a lo que hay
que sumar que la futura norma recoge la inmensa mayoría de las conclusiones de
la ‘Comisión no permanente de estudio’ para alcanzar un acuerdo sobre la
despoblación celebrada en el Parlamento autonómico meses atrás.
Novedades de la Ley
Asimismo, el vicepresidente ha reiterado las novedades que incluye el texto,
compuesto por siete títulos y 75 artículos, y que hoy se ha debatido en las
Cortes de Castilla-La Mancha, como es la inclusión, por primera vez en nuestro
país, la política fiscal con desgravaciones de hasta el 25 por ciento de la
cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas
escasamente pobladas, en el tramo del IRPF cedido a las comunidades autónomas.
Además, incluye también una desgravación de hasta el 15 por ciento para
adquisición o rehabilitación de una vivienda en estas zonas. “Con la
combinación de ambas, podemos afirmar que los que vivan o quieran vivir en
estas zonas escasamente pobladas prácticamente no pagarán impuestos a la
Comunidad Autónoma”, ha señalado el vicepresidente.
Otra de los conceptos novedosos que se recogen en la Ley es el de la estancia
efectiva o el impacto demográfico, que requiere empadronamiento, tarjeta
sanitaria y escolarización de hijos si los hubiera, y se pone el acento en el
apoyo a las empresas que se ubican en zonas despobladas.
Martínez Guijarro también ha destacado el blindaje de los servicios públicos
que queda estipulado en el texto garantizando así la sanidad, la educación y la
asistencia sociosanitaria a los vecinos y vecinas de estos municipios, además
de incentivos de hasta un 40 por ciento para las empresas que quieran
instalarse en las zonas afectadas por la despoblación y la apuesta por el
transporte sensible a la demanda.
Con horizonte a medio y
largo plazo
A lo largo de su alocución, el vicepresidente ha reiterado que la
implementación de políticas para la lucha contra la despoblación exige unidad,
añadiendo que “no puede estar sometida a vaivenes políticos porque no se
resuelve en una o dos legislaturas”. De ahí, ha apuntado a que el principal
instrumento de planificación de esta Ley será la Estrategia Regional frente a
la Despoblación, cuya elaboración está ya muy avanzada; y que tendrá una
vigencia mínima de una década, con revisiones cada cuatro años.
El secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno central, Francisco
Boya, ha estado presente en el debate parlamentario de este texto legislativo,
que ha seguido desde la tribuna de las Cortes regionales, y tras ello ha
destacado que la Ley tiene una virtud, “la transversalidad del texto”. Y es
que, tal y como ha recalcado, “es una Ley en la que encontramos toda una serie
de medidas que realmente van a tener impacto desde el punto de vista de los
servicios públicos, los aspectos tributarios y que van a compensar a las
personas que viven en el medio rural, y en el incentivo a la actividad
económica en el medio rural”.
Unanimidad
El Proyecto de ‘Ley de medidas económicas,
sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio
rural en Castilla-La Mancha’ llegaba al Salón de Plenos después de su paso por
la Comisión de Asuntos Generales la semana pasada, donde incorporó 54
enmiendas, y hoy ha sido defendido desde el estrado por el vicepresidente del
Gobierno regional, José Luis Martínez-Guijarro. La diputada socialista María
Jesús Merino, que durante más de un año presidió también la comisión de estudio
sobre el tema, ha sido a su vez la ponente, destacando el carácter pionero de
la normativa que ha visto la luz en la cámara autonómica.
María Jesús Merino, ponente del proyecto de
ley, se ha mostrado segura de que, “en un asunto de este calado” y cuando se
está poniendo sobre la mesa el futuro de una gran parte del territorio de la
región y sus habitantes, “hoy si vamos a sumar fuerzas para sacar adelante esta
ley”.
Por su parte, la
presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha asegurado que
durante mucho tiempo “la clase política no ha sabido, no ha querido o no ha
podido frenar ese éxodo rural que está condenando a muchos municipios a la
desaparición”. “Por fin Castilla-La Mancha se toma en serio este reto
demográfico que no sea solo un anuncio y un eslogan”, ha dicho.
De su lado, el diputado del PP Benjamín
Prieto ha advertido de que contra la despoblación “no sirve una varita mágica,
pesa más la voluntad política” y ha recordado que desde el PP se ha venido
reclamando durante estos años “mayor sensibilidad” con el mundo rural.
Prieto ha lamentado que no vayan a salir
adelante ninguna de las 36 enmiendas ‘vivas’ al pleno de las Cortes. “No
estamos por la labor de no contribuir en la mejora de nuestro mundo rural”, ha
indicado.
Al debate de esta nueva ley ha asistido desde
la tribuna de invitados el secretario general para el Reto Demográfico del
Gobierno de España, Francisco Boya, así como el comisionado para el Reto
Demográfico de Castilla-La Mancha, Jesús Alique; el rector de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Julián Garde; el secretario de la Federación de Municipios
y Provincias (FEMP) de CLM, Tomás Mañas; el presidente de Recamder, Jesús
Ortega; la secretaria general de UGT de Castilla-La Mancha, Olga Arribas; y,
entre otras autoridades, la secretaria de Política Institucional y Salud
Laboral de CCOO-CLM, Raquel Payo.
Fuente: guadaque.com/region-guadaque/
Posted in: Desarrollo Local,Desarrollo sostenible,Empleo
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