Informe AidWatch: recuperemos la cooperación para el desarrollo

 

 

 

Tras tres años de crecimiento económico, el Gobierno no está cumpliendo su promesa de recuperar el nivel de recursos previo.

 

2015 y 2016 pasarán a la historia como los annus horribilis de la cooperación española. Así lo refleja el Informe AidWatch lanzado el 26 de octubre por la plataforma de ONGs de desarrollo europea Concord, que todos los años hace un balance de la cooperación europea, incluida la española.

 

Bajo el título Esto no es suficiente, el informe muestra que Europa en su conjunto es el mayor donante del mundo con 62.400 millones y que ha incrementado los recursos un 8,7% respecto al año anterior. La parte mala es que, con un 0,44% de la Renta Nacional Bruta, se siguen incumpliendo los compromisos internacionales de destinar el 0,7%. La ayuda, además, está cada vez más condicionada por intereses ajenos a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental que afecta a las poblaciones más vulnerables. De esta forma, esta política queda supeditada a los intereses comerciales, la seguridad o a la atención a personas refugiadas dentro de las propias fronteras.

 

Sólo cinco países de la UE alcanzaron el objetivo del 0,7% en 2015: Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, los Países Bajos y el Reino Unido —el Brexit hará perder a la UE uno de los países líderes de las políticas de cooperación.

 

Pero más allá de la ayuda, ¿cómo le salen las cuentas a los países más pobres? La realidad es que, si se contabilizan todos los flujos totales desde el año 2008, estos países pierden más de dos dólares por cada dólar que reciben. El mayor agujero se genera por los flujos financieros ilícitos, los beneficios obtenidos por las empresas extranjeras y el pago de la deuda a los países acreedores.

Cómo queda retratada España

En medio del contexto europeo, España aparece como un patito feo que pierde recursos y capacidades cada año hasta alcanzar el nivel actual; un vergonzante 0,13% RNB destinado a Ayuda Oficial al Desarrollo. Estas cifras nos sitúan en niveles que no se conocían desde los años ochenta. Estamos en el pelotón de cola, incluso por detrás en esfuerzo de países como Grecia, Portugal, Estonia o Eslovenia.

 

Tras tres años de crecimiento económico, el Gobierno no está cumpliendo su promesa de recuperar el nivel de recursos; una decisión que mina nuestra credibilidad como socio internacional comprometido. El propio Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, en su último informe de pares ha demandado al gobierno español que revierta esta tendencia y recupere los fondos destinados a esta política.

 

Más allá de la cifras, al poner el foco en la eficacia y calidad de la ayuda, se observa que se inflan partidas que no contribuyen a los objetivos de lucha contra la pobreza, mientras se debilitan las que sí contribuyen —tal es el caso de la Ayuda Humanitaria o los fondos destinados a la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID) y a las ONG—. Existe, además, un empeoramiento de la transparencia y la rendición de cuentas; como demuestra el hecho de que España cae del puesto 10 al 17 en el Índice de Transparencia de la Ayuda.

 

El apoyo público las ONG ha continuado su senda decreciente —en 5 años los recursos se han deducido un 71%—; y, además, el gobierno ha incumplido la recomendación del CAD de definir un marco de relación entre la administración y las ONG para fortalecer la implicación de la sociedad civil. Tampoco se ha avanzado en la definición de estándares robustos de cumplimiento de los derechos humanos y de sostenibilidad en relación al sector privado como agente de desarrollo.

La AOD una pieza fundamental del puzle de la Agenda 2030

De acuerdo con la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se necesita destinar anualmente un 2% del PIB global para su financiación. Al menos, el 50% de esta cantidad debe provenir de la movilización de recursos públicos internos de los países ricos y en desarrollo —ampliación y progresividad de las bases fiscales, lucha contra el fraude y la evasión fiscal, etcétera—, y entre 220.000 y 260.000 millones de dólares de la financiación pública internacional. En definitiva, la existencia de recursos estará determinada por el establecimiento de marcos políticos, financieros y fiscales estables. En este sentido es urgente poner en marcha la Agenda de Financiación de Addis Abeba, firmada por España en 2015.

 

Una ayuda para el desarrollo eficaz y centrada en los objetivos de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la garantía de la sostenibilidad en todas sus acepciones es algo clave para cumplir con el principio vertebrador de la agenda de “no dejar a nadie atrás”. Este debe ser el horizonte que debe orientar el proceso de modernización de la ayuda que lleva a cabo el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

 

Europa se encuentra actualmente revisando sus prioridades de desarrollo para los próximos 10 años —el denominado Consenso Europeo de Desarrollo. Se encuentra ante el dilema de actuar desde el miedo y el blindaje, con foco en el corto plazo, o de ser una región líder en la resolución de los problemas globales. Esta última opción pasa por marcos y compromisos de largo plazo, incluyendo la práctica de una coherencia de políticas (exteriores, economía, agricultura, medio ambiente) que permita garantizar un mundo justo y sostenible dentro y fuera de nuestras propias fronteras.

 

Como reza el actual Plan director de la cooperación española: “sólo aseguraremos nuestro futuro si podemos asegurar también el de todos aquellos que comparten con nosotros el planeta y sus recursos limitados”. Esperamos que el futuro gobierno se tome en serio este objetivo y refuerce la política de cooperación para cumplir con los acuerdos y recomendaciones internacionales, y ser un socio confiable en la resolución de los problemas del mundo, especialmente los que afectan a las personas más vulnerables.

Fuente: elpais.com
 

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