Desde hace décadas, la 'España vaciada' vive un proceso paulatino de despoblación que deja tras de sí una herida en la sociedad del mundo rural.
Al analizar este éxodo hacia las zonas urbanas, uno se topa con que la población que permanece presenta dos rasgos fundamentales: está masculinizada y envejecida.Dos
de cada tres personas que emigran del campo a la ciudad son mujeres. Según el informe Despoblación, Reto Demográfico e Igualdad, el
50,96 % de la población española son mujeres y está repartido especialmente
entre los municipios de más de 100.000 habitantes, mientras que se registra un
déficit en los más pequeños. Como la mayor parte de los municipios del país
poseen umbrales de población muy reducidos, la realidad es que gran parte del territorio
nacional ha sufrido un proceso de masculinización a nivel
interno.
A esto se suma que el 40 % de las mujeres que
salieron de estos pequeños municipios tenía entre
16 y 44 años. España acaba viendo así cómo sus territorios
menos poblados pierden a las mujeres jóvenes y con ellas, al futuro
de la 'España vaciada'.
Una
doble función, una doble discriminación
La 'España vaciada' sufre el recorte de servicios tan básicos como
la sanidad, la asistencia a las personas dependientes o la educación. Son las
mujeres quienes asumen
entonces una doble función: por un lado, se ocupan de suplir
estos servicios, asimilando un rol de género tradicional como cuidadoras; por
otro, van a trabajar a las explotaciones o negocios familiares.
"Después de los cuidados, van al campo, a ayudar al marido, al
padre o al hermano en las tareas del día a día, sin
ni siquiera tener peso en la toma de decisiones o recibir
algo a cambio", cuenta María Sánchez en su libro Tierra de mujeres, donde habla de las figuras
femeninas de su familia, siempre vinculada al campo, y sobre el feminismo en el
ámbito rural.
Según el diagnóstico de la
igualdad de género en el medio rural del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, hay una escasa presencia de las mujeres en
el mercado laboral rural. "Tienen que asumir una sobrecarga que afecta a
la calidad de vida. (...) Esta situación las
obliga a dejar sus trabajos", explica a RTVE.es Paula
Álvarez desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).
En palabras de Álvarez, sufren las mismas discriminaciones que el resto
de las mujeres de las áreas urbanas. Ellas también se enfrentan al techo de
cristal y a la división tradicional de género del sector laboral, pero además tienen que afrontar las dificultades
de un territorio desangrado al que le quitan los recursos.
El ya citado informe del Ministerio de Agricultura señala que esta falta
de oportunidades es lo que pone en serio peligro la
sostenibilidad y el futuro del medio rural español. Muchas
optan por marcharse ante la doble discriminación de ser mujer y pertenecer a la
'España vaciada'. Otras intentan crear sus propias oportunidades a través del
emprendimiento.
Los
retos de la mujer rural emprendedora
"Parece que la mujer empoderada tiene que ser la mujer ejecutiva superwoman en el asfalto y nos olvidamos
que hay otras mujeres que están invisibilizadas", dice Álvarez. Muchas
mujeres rurales están rompiendo
barreras al lanzarse a emprender, pero también a liderar
consejos de administración, cooperativas y organizaciones de pueblos. Buscan
sus propias opciones para resistirse al éxodo, ya sea en el turismo, en el
sector servicios o en el primario.
Desde FADEMUR cuentan que, a la hora de emprender en la España rural, hay obstáculos que no entienden
de género: la brecha digital, los problemas de acceso a la
formación y a un internet de calidad, o la tierra. Es por ello que desde su
programa Ruraltivity -una plataforma de impulso de iniciativas de autoempleo-
ayudan a hombres y mujeres por igual.
Sin embargo, sí que identifican varias diferencias. Una de ellas es la
financiación. Un reciente informe del Banco de España titulado La brecha de género en el acceso al crédito bancario señala
que las entidades bancarias conceden menos
préstamos a empresas dirigidas por mujeres durante el
primer año del negocio.
Ellas lo solicitan en menor medida y, además, la probabilidad de que lo
obtengan es significativamente menor que en los hombres."Reciben menos
financiación aunque
cuentan con índices de morosidad más bajos", destaca
Álvarez, que ve al heteropatriarcado de la propia estructura social como base
del problema.
El
sector agrícola y la titularidad compartida
"Las mujeres siguen siendo invisibles aunque estén ahí. Trabajan con ellos y no son titulares
de la tierra. No toman decisiones. Pero trabajan todos los
días" escribe María Sánchez.
El acceso a la tierra es fundamental para emprender en sectores como la
agricultura y la ganadería. "En el medio rural, las mujeres de una
determinada edad, de 50 en adelante, están
casadas en bienes gananciales y no tienen ingresos
propios", describe Mª Belén Ramiro Castro, de la Confederación de
Asociaciones de Mujeres del Medio Rural (CERES).
Antes, por norma general, aparecía el varón como único responsable. "La mujer no cotizaba ni tenía la posibilidad de recibir el paro o la jubilación", dice Álvarez. Según el Ministerio de Agricultura, las mujeres representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero generalmente los hombres figuran como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres aparecen como cónyuges en la categoría de "ayuda familiar". Esto las perjudica a la hora de acceder a prestaciones sociales como el desempleo o la pensión por jubilación.
Es por ello que en 2011 se creó la Ley
de Titularidad Compartida, con la que se facilita que se compartan la
gestión, la rentabilidad y los derechos de las explotaciones agrarias. Desde
FADEMUR, sin embargo, señalan que la ley se dejó en manos de la administración
y que ésta ha tardado mucho tiempo en abrir el registro para poder inscribirse.
"Hemos pasado de tener que luchar por leyes de acceso a tener que hacerlo para que lo garanticen".
Ramiro comenta que
una opción es que se aplique la titularidad compartida por defecto y que
sean las propias familias las que, en caso de no querer, lo comuniquen.
"Si no hay que convencer individualmente a cada persona",
argumenta, ya que ve que una
gran mayoría de las mujeres "no identifica el problema".
"Hay que hacer ver que si los dos
trabajan, los dos tienen derecho a cotizar" defiende Ramiro. Sin embargo,
las explotaciones son mayoritariamente familiares y de pequeño tamaño, a las
que no les es fácil afrontar los gastos. "Es un derecho y creemos que hay
que buscar fórmulas para
incentivar las ayudas, fórmulas que tengan en cuenta el tamaño
y la productividad de la explotación", concluye.
Fuente: rtve.es/noticias
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